El Acuerdo Gubernativo que dio vida a la Comisión Contra la Corrupción centraba en la figura del Director Ejecutivo de esa novedosa instancia las facultades administrativas para conformar su equipo de trabajo para alcanzar los fines que, establecidos en el mismo instrumento jurídico, así como gestionar los recursos necesarios para el efecto. Ayer, sin embargo, se publicó el acuerdo mediante el cual todo cambia y será la Secretaría General el verdadero poder (el que paga la música decide las canciones), pues no sólo será la que contrate personal, sino que además la que controle el flujo del dinero necesario para la operación. La excusa es que la Comisión no tiene facultades para realizar ambas tareas y todo quedará en manos de la abogada Leyla Lemus, titular de la Secretaría General.
El nombramiento del exfiscal y exviceministro de Gobernación Óscar Dávila había sido muy bien recibido por sus antecedentes en ambas posiciones que desempeñó y se pensó que podría ser un buen “Zar” anticorrupción, generando buenas expectativas. Tantas que, por lo visto, algunos se asustaron y decidieron que no fuera el Zar sino apenas un simple burócrata controlado por la Secretaría General de la Presidencia, cargo que desempeña una abogada que, según algunas publicaciones de elPeriódico, algo conoce del tema, especialmente en lo que se relaciona con la provisión de medicamentos que compra el Estado.
Una comisión que se encargue del tema de la corrupción en Guatemala tiene que tener la capacidad de actuar con absoluta independencia y no estar sometida al control de otras dependencias que diluyan el esfuerzo o el trabajo. Si Óscar Dávila no puede disponer de un equipo de su confianza, seleccionado por él, ni disponer sobre la forma en que se utilizarán los recursos que se asignen a la Comisión porque todas esas decisiones las toma la Secretaría General, su papel queda minimizado y obviamente la Comisión queda también seriamente devaluada, al punto de que no es pecar de pesimista cuestionar si la misma no nace muerta.
Y es que no tendrá facultades de investigación porque las mismas corresponden al Ministerio Público y, por supuesto, el mismo se limitará a la eterna “vigilancia”. Tampoco tendrá libertad para disponer sobre los estudios que deban hacerse en cada dependencia para determinar mecanismos que ofrezcan mayor transparencia porque será la Secretaría General la que decida si se invierte o no en esos trabajos.
El gobierno pudo implementar los pasos legales para dotar a la Comisión de independencia financiera y funcional, pero por algo escogió la ruta de reducirle su peso específico.
