Víctor Ferrigno F.
A Daniel Pascual, líder campesino criminalizado por defender tierra y libertad.
La criminalización de defensoras y defensores de DD. HH. se ha convertido en una política de Estado en Guatemala, con amplia participación de actores empresariales y políticos, con el fin de impedirle a la ciudadanía el libre ejercicio de sus derechos constitucionales.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), que ha dado seguimiento a la criminalización desde 2005, la define como “un proceso en el que se señala a una persona como delincuente o transgresora, como consecuencia de su labor como defensora de derechos humanos o por su ejercicio de una libertad fundamental, con el objeto de detener el trabajo que hace la persona y su organización, y/o enviar mensajes a la ciudadanía sobre los límites al ejercicio de sus derechos”.
En su Informe sobre Criminalización 2012-2017, Udefegua explica que la criminalización se expresa a través de los siguientes fenómenos: a) difamación, estigmatización y discurso del odio; b) denuncias judiciales infundadas, pudiendo ser penales, administrativas o civiles; c) reformas a la ley para criminalizar acciones puntuales, ampliando figuras delictivas, como se pretende hacer con el delito de terrorismo.
Apunta que entre el 2012 y el 2017 se registraron 909 actos de criminalización, esto es el 32% de los 2 mil 851 actos de agresión contra defensores. Destacan los casos de difamación (74), intimidación (74), denuncia judicial (63), asesinato (52) y tortura (41).
El reporte de Udefegua para el año 2019 evidencia que el clima represivo para los defensores de DD. HH. se mantiene: el total de agresiones fue de 462, con 312 actos de criminalización, destacando 253 actos de difamación, 34 denuncias judiciales sin fundamento, 21 detenciones ilegales, 15 asesinatos y 5 intentos de asesinato.
El Procurador de los DD. HH. de Guatemala y la Oficina de la Alta Comisionada de los DD. HH. de la ONU en el país, presentaron a inicios de 2019 un informe sobre la criminalización de las/los defensores de DD. HH., basado en 196 entrevistas a defensoras/es de DD. HH., en 12 de 22 departamentos de Guatemala, entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de marzo de 2019. Incluye, además, información oficial requerida al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil (PNC).
En el referido informe, la criminalización se define como “el uso indebido del derecho penal, ya sea por actores estatales o no estatales, con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos”. Las principales agresiones reportadas fueron: intimidaciones y amenazas (97%), denuncias falsas o uso indebido de derecho penal (45%), estigmatización y difamación (28%), ataques contra la vida e integridad física (16%), seguimientos o vigilancias (16%) y violencia sexual (3%).
Los ataques a las personas defensoras buscan un doble efecto silenciador, tanto en el ámbito individual, como en el comunitario o social, procurando el debilitamiento o fragmentación de los procesos organizativos y democráticos. El encarcelamiento o los asesinatos de reconocidos defensores lanzan un mensaje intimidatorio, amenazando con que el costo de atreverse a ejercer la defensa de los DD. HH. es alto, y que el precio a pagar puede llegar a ser la libertad o la vida.
Éste es el propósito pérfido de las acciones de criminalización que impulsan el Estado, empresarios corruptos u organizaciones de corte contrainsurgente.
La criminalización de ciudadanas y ciudadanos probos y valientes es una clara confirmación que aún no contamos con un Estado de Derecho, ni con una democracia real y funcional, que nos permita vivir con paz y desarrollo. Ya es hora de construir patria para todos.
