Danilo Santos
Politólogo
desantos.salazar@gmail.com
El fin del terrorismo es “…subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto a abstenerse de hacerlo, alterar gravemente el funcionamiento de una organización internacional, o provocar un estado de terror en la población o una parte de ella”. Es político.
En esta definición caben más los gobernantes que hemos tenido que las propias maras, y claro, se puede ver que la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo va dirigida a quienes no están de acuerdo con el statu quo y que además no tienen otra opción de hacerse escuchar que la protesta. La excusa es perfecta y popular, tal como la lamentable frase “marero visto, marero muerto”.
Al leer detenidamente la propuesta para declarar terroristas a las maras, sobresale que no se define al sujeto mara y la medida va en contra de quienes perturben la paz social, es decir, cualquiera que se organice para defender sus intereses de clase o de una minoría, haciendo valer su derecho de protesta.
El Congreso está dando un paso complaciente ante las promesas demagógicas del presidente Giammattei y está abriendo un periodo de exacerbación de la polarización que logró el Ejecutivo y Legislativo anterior; así lo demuestra la que podría ser la oposición, al no parar esta cortina de humo y se alejan de la posibilidad de legislar con seriedad.
Las maras se han convertido en familia sustituta, en respuesta inmediata a lo que el Estado no responde, en poder para los excluidos, en sentido para quienes han sido abandonados por la sociedad y los gobiernos. Las maras son un reflejo de liderazgos políticos abusivos, inescrupulosos y que privilegian la violencia y la impunidad. Son un reflejo del desprecio por la vida, especialmente las de los pobres durante los últimos cuarenta años.
A pesar de la ley que se proponen aprobar en treinta días, no se dejará de salir a las calles y carreteras a protestar, esta ley no resolverá los problemas por los cuales los sin voz incomodan; porque nada tiene que ver la criminalización de la protesta social con asegurar el respeto de los derechos humanos y el combate al terrorismo.
Es decir, para combatir a las maras hay que hacer buen gobierno, acercar los servicios públicos a las poblaciones de zonas marginales en las urbes, dar perspectiva, dejar de robar e invertir en la población. Las maras son efecto no causa. El análisis que hay que hacer de las maras debe ser crítico y no superficial o perverso y con fines mediáticos. La respuesta a las maras no debe ser simplista y maniquea, es un problema complejo al que no se ha dado respuesta durante décadas.
Las maras son un problema para la sociedad, sí, pero la respuesta que se está dando no encierra un proyecto de nación de quienes dirigen el gobierno sino un acto sensacionalista y químicamente puro para ganarse el beneplácito de la población.
