Ayer el Embajador de Estados Unidos en Guatemala convocó a una conferencia de prensa en la que fijó la postura oficial de su país respecto a varios temas del acontecer nacional y destacó el “renovado” compromiso en la lucha contra la corrupción, no sólo expresando el apoyo a las labores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, sino advirtiendo que ellos conocerán quiénes son los que se oponen al avance de los esfuerzos por combatir ese flagelo y a legislar para que se avance en temas concretos que interesan a la Embajada, como la Ley de Competencia y la Ley de Alianzas Público Privadas.
Lanzó advertencias que se tienen que vincular con la decisión anunciada al fin del gobierno de Morales de retirar las visas a varios exfuncionarios y dijo que siguen muy atentamente el trabajo de las Comisiones de Postulación porque su país no desea que se pueda promover impunidad que facilite las labores del crimen organizado y el narcotráfico.
Hay que decir que es importante el anuncio porque marca un cambio de actitud notable respecto a lo que fue el apoyo que recibió el gobierno de Morales al desmantelar la CICIG, mismo que empezó con la visita de la ex Embajadora de EUA en Naciones Unidas, quien vino a Guatemala a criticar la labor de la comisión internacional y se concretó con el silencio ante la decisión de sepultar el esfuerzo por llevar a los tribunales sonoros casos de corrupción.
Ahora, cuando retrocedimos más de un lustro y la impunidad vuelve a reinar, es indudable que la amenaza de que podrían ser retiradas más visas tiene peso porque es algo a lo que temen muchos de los que se han beneficiado incrementando su riqueza mediante prácticas que fueron evidenciadas como corruptas.
Los inversionistas norteamericanos, dijo Arreaga, necesitan certeza jurídica para venir a nuestro país y eso sólo se logra con un Sistema Judicial que no esté controlado por los grupos de poder que ponen a sus magistrados para asegurar sus ansias de impunidad. El proceso de postulaciones es vital para hablar de certeza jurídica, misma que es ridiculizada por aquellos que no dicen ni pío ante las maniobras de algunos postuladores pero atacan a la Corte de Constitucionalidad porque la misma no se plegó a sus esfuerzos para terminar con los avances que el país logró gracias a la ayuda de la CICIG.
Entendemos que sin un planteamiento claro para restablecer el Estado de Derecho acabando con la impunidad no habrá certeza jurídica, elemento crucial para la inversión, pero también para el desarrollo.
