Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
La CICIG tuvo que venir a Guatemala porque los Gobiernos cruzaban a un lado y el país giraba hacia el otro toda vez que los niveles de impunidad, corrupción, cooptación y secuestro, derivados de muchos factores, principalmente del financiamiento que abre la puerta a negocios, contratos e influencias, generaron que el Estado fuera reducido a una cacharpa útil para los negocios y para el incremento de las brechas sociales que hoy nos tienen en problemas.
La CICIG cobró mayor relevancia en el tema de la corrupción en el 2015. Ya sabemos que los que sintieron la ola muy cerca o se les entró el agua a la casa, en esas épocas iban a la plaza a gritar ladrones a Pérez y Baldetti y como era “popular” la CICIG, hasta el dueño de la S.A. fantasma, Jimmy Morales, le dijo a José Eduardo Valdizán que lo “investigaran” porque no tenía nada que esconder.
Luego, ya todos sabemos la historia, el Presidente lo dijo bien machito en TV Azteca, pero ya vimos que le falta un cartón de huevos para enfrentar las cosas, aunque si tiene el costal de mañas para los negocios como ya vimos con Tabacos de Zacapa, S.A. y se dispuso a ser el tonto útil de los poderes fácticos de este país para escabecharse a la CICIG, nombrar a Consuelo Porras y tratar así de devolverle una paz que aún le cuesta mucho tener a esa gente.
Pero, el argumento que usaron desde el expresidente, miembros del Congreso, quienes fueron parte del Organismo Judicial, los narcos que acusó la CICIG, los que presiden Cámaras Empresariales, empresarios y la gente que defendía la corrupción porque no querían asumir nada, era que el Ministerio Público (MP) ya estaba capacitado y que era necesario terminar con la transferencia de capacidades.
En el acuerdo de creación de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, se lee: “Así como la recuperación de la confianza y credibilidad en las instituciones del Estado, mediante el planteamiento de las acciones legales que permitan la recuperación de los fondos públicos defraudados”. Entonces, si el MP es tan capaz, ¿por qué el presidente Alejandro Giammattei necesita crear su propia instancia que presente acciones?
¿No debería ser eso una función del Ministerio Público? ¿No deberíamos esperar que la Contraloría General de Cuentas hiciera su trabajo sin estar al servicio de los corruptos a los que ahora, de forma inexplicable, el aguado del Contralor ha apañado y favorecido?
Y la respuesta es sí, pero no tienen capacidad y menos bajo el liderazgo de Consuelo Porras y Edwin Salazar porque ellos fueron nombrados para cumplir a cabalidad el papel que se les encomendó y que es, “a nosotros nos proteges y a los que le juramos la guerra, los perseguís”.
Nunca fue cierto que podíamos caminar solos. Ya la CICIG se fue y es parte de nuestra historia, no de nuestro futuro, pero esto evidencia que lo que nos repitieron como letanía no era más que un burdo argumento que ni ellos creían, pero era necesario cerrar filas alrededor de ese concepto para intentar que la impunidad devolviera la paz.
Giammattei dijo en el discurso de toma de posesión, ¿y si nos unimos? Y la respuesta es sí sabiendo que debemos partir con claridad de cuál es el problema de Guatemala y que sí se hace necesario tener una instancia adicional para enfrentar lo que el MP no puede solo y que en otros y en estos tiempos, simplemente no quiere.
Unirnos pasa porque autoridades y ciudadanos alcancen mínimos para que juntos combatamos la corrupción y enfrentemos los vicios para que lo que haga el Gobierno se traduzca en inversión en la gente de todas clases sociales, en especial aquellos que hemos dejado atrás.
