Luis Fernandez Molina

luisfer@ufm.edu

Estudios Arquitectura, Universidad de San Carlos. 1971 a 1973. Egresado Universidad Francisco Marroquín, como Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (1979). Estudios de Maestría de Derecho Constitucional, Universidad Francisco Marroquín. Bufete Profesional Particular 1980 a la fecha. Magistrado Corte Suprema de Justicia 2004 a 2009, presidente de la Cámara de Amparos. Autor de Manual del Pequeño Contribuyente (1994), y Guía Legal del Empresario (2012) y, entre otros. Columnista del Diario La Hora, de 2001 a la fecha.

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Luis Fernández Molina

Comparto el entusiasmo que inspira la nueva administración. Un impulso que va más allá de la trillada “luna de miel” o del tibio “beneficio de la duda”. No. El país necesita actitud positiva y cambios urgentes y el tiempo cada vez más corto. Los bárbaros están en las murallas de Roma. Urge cambiar de derrotero y el nuevo gabinete envía señales alentadoras. Todos los guatemaltecos debemos apoyar ese esfuerzo común para que esa energía no se consuma en las primeras de cambio. En ese contexto continúo con algunas sugerencias que, como ciudadano hago, para la agenda del gobierno:

Bajar el precio de las medicinas. Ya se ha comprobado que sí es factible una disminución sustancial, muy sustancial, en la compra de las medicinas de entidades públicas. El IGSS presentó reportes de ahorros de tres mil millones de quetzales en la compra de medicinas. Increíble. Lo propio en el Ministerio de Salud. Pero también está la población no cubierta por esos programas, el ciudadano de la calle que debe escoger entre su diario sustento o la compra de medicinas. No va solo el ahorro estatal sino el bienestar de los miles de enfermos.

Promover proyectos de la iniciativa privada. La VAS es un excelente ejemplo de cómo la iniciativa privada es más versátil y efectiva que las entidades públicas. Obvio. De alguna forma encontraron las rutas por donde trazar la autopista para comunicar Santa Elena Barillas con Amatitlán. Si se diera más impulso a ese tipo de iniciativas, no solo en carreteras, creo que todos los guatemaltecos saldríamos beneficiados. Ello no excusa al gobierno de realizar aquellas obras que por antonomasia le corresponden, pero ayudaría en cuestiones colaterales a pesar de que “algunos empresarios se enriquezcan.” ¿Qué tiene de malo?

Coordinación con Municipalidades. Nuestra versión criolla, chapinizada, de la política ha impuesto una constante confrontación entre municipalidades y gobierno central cuando sus titulares pertenecen a diferentes banderas partidistas. Que se jodan los del partido celeste o los morados. La zancadilla. El obstáculo. Para empezar en la ciudad capital. El problema del tráfico capitalino no es solo de la municipalidad, es de toda Guatemala. El paso por San Lucas no es exclusivo asunto de esa municipalidad; entorpece todo el tránsito hacia occidente, empezando por La Antigua, pasando a Atitlán, Xela, Huehuetenango, etc.

Disminuir la contratación flotante en el Estado. Me refiero a las contrataciones de personal que no se enmarcan como relaciones laborales. Estas últimas se rigen por la Ley de Servicio Civil y los trabajadores son “fijos”, aparecen en planilla y gozan de todas las prestaciones laborales. Se ubican en el famoso renglón 0-11. Los flotantes están “bajo contrato”, desde aquellos están por tiempo determinado (0-22) o por jornal (0-31) y sobre todo los 0-29 y los del “renglón 18”. La contratación de personal y de profesionales, que no sujetos a relación laboral, es necesaria, pero se ha abusado, exageradamente, de estos contratos. La gran mayoría de casos es por amiguismo o pago político. Cabe señalar que los Tribunales de Trabajo consideran que esos contratos flotantes son contratos laborales disfrazados, simulados.

Promover ley de simplificación de trámites. Este tema está entrelazado con el anterior. Se necesitan más trabajadores porque el papeleo es asfixiante; y para justificar las contrataciones se establecen más formalidades. Un círculo vicioso perverso. En Costa Rica hace pocos meses emitieron una ley (que comentaremos en otra ocasión) cuyo título se explica solo: “Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites.” ¡Qué tal!

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