Mariela Castañón
mcastanon@alahora.com.gt
A partir del 14 de enero asumió en la Presidencia Alejandro Giammattei, quien tendrá responsabilidad en varios temas, entre estos los hogares de protección, administrados por la Secretaría de Bienestar Social (SBS) que siguen enfrentando varios desafíos. El gobierno debe prestar mucha atención a las necesidades y al tratamiento de la niñez institucionalizada.
Uno de los eventos que marcó a la sociedad y principalmente a la gestión del expresidente, Jimmy Morales, fue el incendio del 8 de marzo de 2017, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, administrado por la SBS y que provocó la muerte de 41 niñas y heridas a 15 adolescentes.
Cuando ocurrió el incendio, las autoridades del Hogar eran: un juez, una exproductora de televisión (amiga de Morales) y un exmiembro de la Policía Nacional Civil (PNC). Antes del siniestro se habían emitido varias alertas que reflejaban que las cosas no iban bien y que debían atenderse con urgencia, sin embargo, nadie hizo nada.
Es verdad que la crisis de los hogares no era nueva, pues desde el 2010 empezaron a reportarse abusos contra la niñez y adolescencia, así se consignó en un informe solicitado al Consejo Nacional de Adopciones por medio de la Unidad de Información Pública, que describió que en ese año, pocos días después de que el Hogar fuera inaugurado, realizó una supervisión, por una denuncia de abuso sexual.
Años más tarde fueron documentados otros hechos, relacionados con evasiones masivas principalmente de niñas y adolescentes, relatos de jóvenes golpeados y violentados psicológica y sexualmente, así como otros tipos de violencia que quedaron como denuncias públicas en las páginas de La Hora.
Lo más triste y frustrante de todo ese trabajo, es que nadie hizo nada para evitar que la tragedia anunciada se consumara. Tal vez algunas instituciones hicieron un pequeño esfuerzo, pero no todas se comprometieron a trabajar interinstitucionalmente y prevenir lo que terminó con la vida de esas niñas.
Considero que este es el momento para reiterar la importancia de atender las necesidades de los hogares privados y también públicos.
El año pasado, un censo realizado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Organismo Judicial (OJ) y organizaciones de la sociedad civil en los hogares de protección de niñez, reveló que las niñas son mayormente institucionalizadas que los niños, pues en los hogares públicos y privados se cuantificaron un total de 3 mil 863 menores de edad, de los cuales 2 mil 271 eran niñas y 1 mil 592 niños.
Como ciudadana solicito a las autoridades de turno velar por la niñez de estos hogares, colocar a las personas idóneas y no cometer los errores que se reflejaron en las otras administraciones gubernamentales, principalmente en la última donde perdieron la vida las 41 niñas y otras 15 resultaron heridas.
Deseo que el verdadero compromiso se vea reflejado en decisiones acertadas y se tomen en cuenta los desafíos y las acciones urgentes para cuidar adecuadamente de las niñas, niños y adolescentes (NNA) que están en hogares.
