Hoy se publicó en el Diario Oficial la Ley de Aceptación de Cargos debidamente sancionada por el Presidente y la misma entrará en vigor el próximo mes, con lo cual se estaría concretando la perniciosa acción de los diputados que armaron un mamotreto con el fin de alentar la impunidad y destruir las herramientas que habían permitido avanzar tanto en los temas de la lucha contra la corrupción. La ley aprobada difiere radicalmente de la iniciativa que se presentó al Congreso hace mucho tiempo por la CICIG, por lo que fue seriamente criticada por distintos sectores de la sociedad y por reconocidos abogados que pidieron al presidente Morales que la vetara.
Obviamente ello no iba a ocurrir porque la Ley, tal y como se aprobó, es exactamente al gusto del Pacto de Corruptos por los cambios que introdujeron y este día quedó demostrado porque ya se hizo la publicación en el Diario Oficial, con el consabido “Publíquese y cúmplase” firmado por el Presidente de la República, lo que abre espacio para que se inicie una nueva batalla legal que llegará sin duda a la Corte de Constitucionalidad porque se ha desvirtuado el sentido de la aceptación de cargos como instrumento a favor de la justicia y no para procurar impunidad, que es lo que finalmente terminaron por decretar los diputados que votaron a favor de la Ley.
La institucionalidad nacional posee mecanismos para evitar abusos y arbitrariedades como la que significa esa aprobación de una ley que alienta la impunidad, pero no sin un desgaste que ya ha sido muy dañino por la forma en que se ha pretendido minar la autoridad de la Corte de Constitucionalidad a lo largo de todo este trágico período, sin entender que la misma ha desempeñado el papel que por ley le corresponde y que en el buen sentido ha funcionado como control de la legalidad en nuestro país.
Es seguro que tras la publicación de la Ley vendrán acciones legales de diverso tipo tomando en cuenta lo dañino que puede ser para el país que cobre vigencia el mes próximo esa ley aprobada con tanta maña y con finalidades tan perversas para alentar y consolidar la impunidad. Era necesario legislar sobre la aceptación de cargos como un camino para hacer expeditos los procesos, pero no mediante acomodos que tienen la finalidad de garantizar que los criminales queden sin castigo y menos con disposiciones que nada tienen que ver con dicha aceptación, pero que pretenden minar figuras de la legislación contra el crimen organizado que fueron factor clave para avanzar en contra de las asociaciones criminales dedicadas al saqueo de los recursos del Estado.
La patraña expresada por el Presidente del Congreso al afirmar que la iniciativa había sido presentada por Iván Velásquez, se derrumba con solo contrastar los términos de la propuesta original y lo que fue finalmente aprobado por los diputados de este impresentable Congreso y ello servirá de base para el inicio de la nueva batalla legal que se librará en el seno de la CC.
