Ayer en una conferencia de prensa sobre la corrupción, en la que por supuesto salió a bailar Guatemala en forma por demás preocupante, el Subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio de los Estados Unidos hizo tajantes afirmaciones sobre el compromiso de su país y su gobierno para continuar con la lucha contra la corrupción, y eso provocó, desde luego, una pregunta sobre por qué entonces su país había ayudado al gobierno de Jimmy Morales y a las élites del país para facilitar no solo el fin del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala sino su expulsión y la del Comisionado Iván Velásquez.
Agarrado en curva, como se dice en buen chapín, el subsecretario Hugo Rodríguez dijo que el problema de la CICIG es que no se había llevado ni con el gobierno, ni con el sector privado o la gente de a pie, lo que obliga a una respuesta categórica porque, para empezar, el mandato de la Comisión no era el de llevarse bien con nadie, sino ayudar a combatir la impunidad que ha sido el cobijo esencial para la prosperidad de la corrupción en nuestro medio. Pero además es falso que no se llevara con la gente de a pie cuando todas las encuestas ubicaban el respaldo a su trabajo arriba del 70 por ciento de los encuestados, lo cual demuestra lo falso del argumento del funcionario norteamericano.
Pero lo peor de todo es que se diga que porque no se llevó con el gobierno y los empresarios adoptaron el papel deleznable que jugó Estados Unidos en el jaque mate que la corrupción le terminó dando a la lucha que encabezaba la CICIG con el apoyo, en ese tiempo, de un Ministerio Público comprometido con la causa de la transparencia y el fin de la impunidad. Lo cierto del caso es que se aprovecharon cuestiones como el cambio de la sede diplomática en Israel para ser comparsa de Trump y el manoseo que hizo Marco Rubio del caso de los rusos para catapultar acciones que permitieran acabar de una buena vez con todo lo que se había avanzado.
El caso es que Guatemala había abierto una enorme brecha en el Continente para la lucha contra la corrupción gracias a la CICIG y todo eso fue destruido con el apoyo manifiesto de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, con el concurso de la entonces embajadora Nikki Haley, quienes apoyaron al gobierno y al sector privado para acabar con la institución que los investigaba por corrupción.
