Fernando Mollinedo C.
Este artículo está dedicado a todas aquellas personas que ejercen y desempeñarán cargos públicos por nombramiento, contrato o designación; también para los ganaderos, industriales, banqueros, comerciantes, transportistas, incluso empresas transnacionales y entidades no lucrativas como las ONG.
Guatemala es uno de esos países en que la población se esfuerza por educarse y de esa forma alcanzar su sueño de vivir con un trabajo estable, seguridad y acceso a los servicios básicos como salud y educación; sin embargo, cada año que termina, se da la oportunidad de dibujar un panorama desolador para la gran mayoría de habitantes, entendiendo que, sin importar el gran esfuerzo que realicen pueda proporcionarles la oportunidad anhelada para salir de la pobreza y marginación.
La desigualdad social, cultural y económica que les ha tocado vivir y seguir enfrentando a quienes tienen carencias de origen, no se subsanan con las dádivas ni las supuestas ayudas asistenciales que se asemejan a dar limosna paternalista para revertir dicha condición; la ausencia del Estado de derecho que garantice el acceso a las condiciones mínimas de vida digna, se hace sentir en los cinturones urbanos de pobreza (asentamientos) y en el área rural abandonada a su suerte, lo que equivale a no tener servicios que cubran sus necesidades más elementales.
El Estado con su atención deficiente en salud y su baja calidad educativa en las etapas tempranas de vida, terminan condenando a la miseria a miles de niños y adolescentes ya que, una persona sana y debidamente culturizada, tendrá mayores posibilidades de abandonar la pobreza, mientras que, quien solo recibe limosnas gubernamentales y/o privadas, se mantendrá en su zona de confort. Por supuesto que, en el país hay diferentes realidades.
Los aspectos estructurales que incluyan un fuerte marco institucional capaz de ofrecer a la población las respuestas que necesita en materias de salud y educación como mínimum de vida serán bien recibidas y ayudarán a recobrar poco a poco, esa dignidad social pisoteada desde hace muchísimos años que el Estado mismo les arrebató en diferentes épocas de la vida o ha sido incapaz de proporcionarles.
Como Nación, los futuros gobiernos deberían interesarse en terminar con la desigualdad fortaleciendo las instituciones, exigiéndose a sí mismos y a la población el cumplimiento del Estado de derecho, respeto a las leyes y que no se apliquen de manera discrecional, dando signos de probidad en la ejecución presupuestaria y sobre todo cuando se realicen negocios con la iniciativa privada, PERO… con personas honestas, previamente investigadas para que no resulten ser malditos ladrones que se llevarán el dinero del pueblo sin pena a ser castigados.
Reorientar los flujos dinerarios y conducirlos directamente a la población en obras, salud, educación, infraestructura, porque, seguir debilitando el Estado de derecho y las instituciones significa desde ya, profundizar más las causas que tienen a gran parte de la población inmersos en la pobreza, pobreza extrema y en algunos casos en estado famélico como el “Corredor Seco”.
