Julio García-Merlos G.
Twitter:@jgarciamerlos
Es incontrovertido que nuestro Sistema Judicial está colapsado. Una de las causas principales de ese colapso es una estrategia equivocada en la política criminal, combinada con la ausencia de herramientas procesales que permitan tramitar de una forma eficiente los casos. La política criminal equivocada es la de querer llevar todos los casos hasta la última etapa, la de juicio, para obtener una sentencia condenatoria. Esto es imposible, ningún sistema del mundo puede llevar de forma exitosa todos sus casos hasta la etapa de juicio. Por ello, sistemas desarrollados con tradición acusatoria, resuelven los casos en un proceso de negociación entre el fiscal y la defensa. La herencia que venimos arrastrando busca resultados que no tienden a combatir la impunidad, por ejemplo, fija cuotas a los fiscales para la presentación de acusaciones y el desempeño de un fiscal se mide de acuerdo con la cantidad de prisiones preventivas. La herramienta principal que le falta a nuestro sistema es precisamente la capacidad para negociar los casos entre la fiscalía y la defensa. Aunque existen medidas desjudicializadoras, éstas son muy limitadas y aplican casi solo para delitos menos graves, delitos que tienen señaladas penas de prisión de menos de 5 años. Una política criminal que busque llevar a juicio solo el 5% y el resto resolverlos mediante un proceso de negociación (incluidas todas las formas de desjudicialización como el criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, conversión y procedimiento abreviado.), reduciría en gran medida el porcentaje de impunidad actual.
Recientemente se aprobó el decreto 10-2019, Ley de Aceptación de Cargos, aún pendiente de sanción por el Presidente de la República. Me he opuesto a este proyecto desde su inicio, ya que carece de la herramienta principal anteriormente descrita, no otorga a la fiscalía la facultad de negociar. La Ley de Aceptación de Cargos tiene una buena intención, la de desfogar el sistema y obtener sentencias sin tener que llegar a la etapa de juicio, sin embargo, la misma adolece de una serie de vicios técnicos que no permitirían que cumpla el objetivo de reducir los índices de impunidad ni descongestionar el sistema. Esta ley parte de la premisa que la justicia no se negocia, esta premisa es falsa y muy peligrosa. Por ello el título de esta columna, la justicia sí se negocia.
Un sistema procesal penal eficiente produce investigaciones tan sólidas que al presentarlas al sindicado y a su abogado defensor, los convence que de irse a juicio, lo más probable sería una condena. Con una investigación sólida, el fiscal puede negociar una pena menor con la defensa a cambio de la aceptación de los hechos y otros aspectos, como sería la colaboración en la investigación e información adicional que la fiscalía no posee. El derecho penal moderno no es un derecho de venganza, busca la rehabilitación del sindicado, la verdad, la reparación a la víctima y la no repetición del delito. La Ley de Aceptación de Cargos, al no permitir negociaciones transparentes entre fiscalía y defensa, va a promover negociaciones informales, esto es muy peligroso porque puede incentivar la corrupción. El mayor problema de esta ley es que estaríamos perdiendo una gran oportunidad, al aprobar una ley que se anticipa será un fracaso en lograr su objetivo. En unos años nos daremos cuenta que no funcionó y estaremos promoviendo en el Congreso la negociación mediante figuras como el “plea bargain”, las cuales han sido probadas y con buenos resultados en muchos países.
