Víctor Ferrigno F.
Las víctimas de 31 masacres y de 23 aldeas arrasadas podrían obtener justicia, aunque con casi cuatro décadas de retraso, debido a que, el pasado 25 de noviembre, el juez Miguel Ángel Gálvez ligó a proceso a tres altos mandos del ejército que, en aquella época, diseñaron, alentaron y dirigieron la política de tierra arrasada del Estado contrainsurgente de Guatemala, en contra del pueblo ixil.
Los generales Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta enfrentarán un proceso penal, sindicados de los cargos de genocidio, delitos contra deberes de la humanidad y desaparición forzada. Veremos si en esta oportunidad, como lo hicieron en defensa de Ríos Montt, los infames doce Judas, encabezados por Eduardo Stein, Adrián Zapata y el Sholón Porras, salen a argumentar que en Guatemala no hubo genocidio, a pesar de todas las pruebas aportadas por el Ministerio Público y las familias de las víctimas.
En su resolución, Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, hizo un esbozo histórico sobre cómo la disputa de la tierra en Guatemala, desde la tibia reforma agraria de Árbenz, hasta el genocidio ixil, fue la causa de las masacres sistemáticas contra los pueblos originarios.
Como siempre, Benedicto Lucas sostuvo que no bombardeó aldeas, pero sí campamentos guerrilleros. Ello, a pesar de que el MP individualizó la responsabilidad penal de cada oficial, estableciendo la cadena de mando que los ligó a los hechores materiales.
Cabe recordar que no están siendo juzgados por matar guerrilleros en combate, sino por el genocidio y desaparición forzada de población civil desarmada, particularmente ancianos, mujeres y niños. Como hemos repetido incansablemente, no buscamos venganza; reclamamos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, como punto de partida para construir la reconciliación nacional.
Gálvez presentó algunos documentos históricos y explicó que otro detonante de conflictividad en el área ixil fue la muerte de José Luis Arenas Barrera, a manos del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP); el terrateniente tenía más de 115 caballerías en posesión.
Como es usual, los abogados de los militares retirados hicieron una pésima defensa, basándose en cuestiones procesales -declaradas improcedentes- pues saben que el fondo de la cuestión es indefendible.
Los defensores de los presuntos genocidas plantearon que, luego de realizar su documental de denuncia «Cuando las montañas tiemblan», Pamela Yates tuvo que hacer aclaraciones, porque se determinó imprecisión en la traducción de relatos, y estableció que el EGP fue el que atacó, el 17 de mayo de 1982, la aldea Batzúl y no el Ejército.
Si bien este asunto no exime de responsabilidad de los militares ligados a proceso, pone sobre el tapete un asunto pendiente de ser mejor abordado: las masacres cometidas por la guerrilla, equivalentes al 5% del total. En materia de DD. HH. no puede haber dobles raseros, por lo que mandos y combatientes guerrilleros que cometieron crímenes de lesa humanidad, también deberán ser juzgados.
No me cabe la menor duda que los ataques espurios contra el juez Gálvez arreciarán, como sucedió contra Yassmin Barrios, cuando condenó al genocida Ríos Montt, y como sucede actualmente contra la valiente jueza Erika Aifán. Debemos cerrar filas y defender la independencia judicial de los juzgadores en general, y de estos tres en particular. Miguel Ángel y sus dos colegas deben saber que no están solos, y que desde la judicatura están haciendo patria.
