Julio Roberto Bermejo González*
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Son muchas las situaciones que se pudieran señalar, unas imputables al Ejecutivo, en la persona del presidente Jimmy Morales y muchas otras al Congreso de la República, el que está controlado por un grupo de personas que unas pecan por ignorancia, otras por intereses perversos y muchos otros por protegerse de persecuciones penales que se harán realidad el 14 de enero próximo, al quedar sin efecto la inmunidad personal de que gozan. Es alarmante la corrupción existente.
El Presupuesto es un instrumento que está llamando a permitir que el Ejecutivo cumpla las funciones que se le asignan en la Constitución Política de la República. Es un hecho evidente que el país está afectado por una desigualdad social profunda y que uno de los deberes fundamentales es atacar este problema mediante programas que resuelvan la pobreza extrema, la desnutrición infantil, el agobiante nivel de desempleo por falta de oportunidades laborales y la inmigración forzada por falta de seguridad, pobreza, extorsiones, etc. El Ejecutivo tiene harta obligación de atacar estas situaciones, más sin embargo las ignora y las pruebas sobre ello son contundentes. En el proyecto de Presupuesto se fortalecen las finanzas del Ejército, pero se disminuyen las asignaciones para el rubro de educación, combate a la desnutrición infantil y muchos otros rubros relacionados con la seguridad, lo que evidencia la falta de preocupación por el desarrollo humano de la población guatemalteca. Pero sí se asignan fondos para compra de aviones, barcos y equipo militar, viajes y aumento de sueldos a los miembros del Ejército. Todo lo anterior es inadmisible en un país que sufre tantos problemas de desigualdad social y seguridad.
El Congreso de la República compite con el Ejecutivo en cuanto a irresponsabilidad en el cumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución Política de la República de Guatemala. Pareciera ser, con unas escasas excepciones, una cueva de ladrones. Malgastan su Presupuesto en viajes innecesarios, alimentos absurdos y muchos otros desvaríos criticables. Su función es legislar para que los problemas nacionales tengan solución; sin embargo, sabiendo que muchos de ellos están siendo objeto de investigaciones penales, ignorando que tienen conflicto de intereses, emiten leyes que los van a favorecer cuando ya no gocen de antejuicio. Su producción de leyes es barata, de muy mala calidad y numéricamente de risa. El ejemplo más reciente es la emisión del Decreto 10-2019, que contiene reformas al Código Procesal Penal, para introducir el procedimiento especial de aceptación de cargos, el que originalmente fue preparado por la Corte Suprema de Justicia con colaboración de la CICIG y que estaba orientado al otorgamiento de beneficios penales, descongestionar la presa judicial y la reparación efectiva a las víctimas de los delitos. La idea parecía loable, pero al ser tratada en el seno del Congreso, una relativa mayoría corrupta la desfiguró y la hizo aplicable a delitos de fuerte impacto social que no merecían el beneficio. La ley fue emitida para que se aplicara también a los delitos en que presumiblemente han incurrido muchos de los diputados, es decir emitieron una ley de la que en el futuro se van a beneficiar. No solo hubo conflicto de intereses sino también una evidente intención de beneficiarse a futuro de lo normado en dicha ley. Una ley de esta naturaleza no debe prosperar y lo primero que correspondería sería que la vetara el Presidente de la República, pero si no lo hace, que prosperen los Amparos que se plantean.
Al Gobierno que tomará posesión el 14 de enero le corresponderá corregir muchas de las cosas erradas en que ha incurrido el actual Presidente y especialmente evitar la militarización del Gobierno. Hay ciertas evidencias que señalan lo contrario, pero se esperaría que rectifique, porque no podemos volver a la etapa en que los problemas se resuelven con criterios militares.
Se ha querido confrontar ideológicamente al pueblo, lo cual ha sido mezquino y contraproducente porque los problemas del país no pueden resolverse en clima de tensión, ni tratando de dividir a la población y confrontarla. Desgraciadamente el sector rico empresarial (CACIF) ha contribuido a crear este clima. Esta actitud es irresponsable porque lejos de contribuir a la solución de los problemas los han agrandado.
La actitud contemplativa del sector privado empresarial es negativa. Por el bien del país y la supervivencia del sector debe cambiarla. Podría el sector empresarial adoptar un comportamiento responsable ante los desmanes del Ejecutivo y del Congreso de la República y sin embargo sigue actuando en forma complaciente y fundamentalmente irresponsable, porque como sector importante en la sociedad guatemalteca debería manifestarse.
Para los sectores pensantes del país es evidente que el Congreso de la República está actuando de mala fe y en contra del interés nacional -en su seno hay muchos Diputados que tienen cuentas pendientes con la justicia y se sienten amenazados porque dejarán de gozar de antejuicio y esa es la razón del porqué están emitiendo leyes que les van a favorecer a futuro cercano-. Un ejemplo de esta dolosa actitud es la emisión de la reciente ley (Decreto 10-2009) denominada «Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos». La Ley emitida es totalmente diferente al proyecto que presentó la CICIG y presenta estas diferencias básicas: 1) La Ley se aplica a muchos delitos que deberían de estar excluidos; 2) Se eliminó el deber de declarar como testigo y ser colaborador eficaz; 3) Se contempla que en penas que quedan rebajadas a cinco años procede la conmuta, con lo cual se desvirtúa la sanción; 4) Por la aceptación de cargos las rebajas de penas son mayores; 5) La reparación digna y la entrega del producto del delito no se garantiza suficientemente.
El pueblo al sentirse agobiado por los desmanes del Ejecutivo y del Congreso de la República puede reaccionar en forma violenta y crearse inestabilidad institucionalidad. En América del Sur hay ejemplos muy recientes de explosión popular y debe evitarse que eso suceda en Guatemala, porque tal situación frenaría el desarrollo económico y social que todos deseamos. Estamos en el momento preciso para que todos los sectores declinen la lucha ideológica y todos ellos -los ricos y los pobres, los indígenas y los ladinos- asuman su responsabilidad, permitiendo un desarrollo económico y fundamentalmente un desarrollo social que nos permite estabilidad política. Que la Providencia Divina ilumine la mente de los que están llamados a participar en estos procesos.
*Doctor en Derecho. “Catedrático Universitario Graduado por la Escuela Diplomática de España”.
