El discurso del Presidente del Congreso sobre la Ley de Aceptación de Cargos, repetido como loro por el vicepresidente de la República Jafeth Cabrera, se vino al suelo luego de que hasta la misma fiscal general de la República, Consuelo Porras, señaló la falsedad del argumento al explicar que lo aprobado dista mucho de lo que en su momento fue propuesto por el MP y la CICIG como un mecanismo eficiente para descongestionar el Sistema de Justicia, atorado maliciosamente porque es así como ha sido útil y eficiente para el régimen de impunidad.
El que hasta la principal protectora del Pacto de Corruptos tuviera que admitir que el mamotreto aprobado por el Congreso no cumple las finalidades de ayudar a la más eficiente y práctica administración de justicia demuestra cuánto manosearon de forma mañosa los diputados la iniciativa que tenía finalidades distintas a ser un instrumento más para favorecer a los criminales de todo tipo. Ya Plaza Pública había publicado un serio trabajo en el que se demostraba las diferencias entre lo que en su momento propusieron, entre otros, Iván Velásquez y Thelma Aldana, como dijo el señor Arzú y repitió con exactitud el Vicepresidente, pero obviamente el efecto político de la crítica de la fiscal general Porras, cuya gestión ha sido seriamente cuestionada por su afinidad con el Pacto de Corruptos, es demoledor porque deja en evidencia que no hay tales de una campaña de mala fe en contra de una “noble iniciativa” aprobada por 81 diputados.
Y la crítica del Ministerio Público se produce exactamente cuando están cocinando otra reforma legal, esta vez para modificar los términos de la prisión preventiva, dizque para descongestionar las cárceles, pero obviamente con la intención de beneficiar a todos los que, en estricto cumplimiento de la legislación vigente, los jueces han enviado a prisión en tanto se tramitan los procesos en su contra, especialmente en el tema de la corrupción.
La iniciativa se iba a aprobar ayer por los mismos 81 diputados que ya actuaron a favor de la impunidad, es decir con enmiendas que los ponentes han mantenido en secreto pero que eran tan burdas que decidieron darse ocho días más para “mejorarlas”, de manera que en una semana pueda ser aprobado el proyecto que enviará de vuelta a su casa prácticamente a todos los que enfrentan juicios como resultado de las investigaciones que se hicieron para esclarecer la forma en que se saquea a Guatemala por parte de poderosos actores que se han asociado de manera ilícita para capturar al Estado.
