No cabe la menor duda de que el sueño de opio del Pacto de Corruptos está en la crucial elección de los magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia porque serían ellos los encargados de garantizar, fuera de toda duda, la impunidad a los responsables no solo del saqueo del Estado sino que también a los beneficiarios de su sólida y asquerosa captura. La verdadera tapa al pomo estaría en la conveniente elección, realizada por este Congreso, de los magistrados y por ello ha sido tan atacada la Corte de Constitucionalidad que atajó el proceso viciado que venían realizando las Comisiones de Postulación, pasando por alto la obligación legal que tenía el Consejo de la Carrera Judicial de realizar técnicamente las evaluaciones de desempeño de aquellos funcionarios que han laborado en los diferentes tribunales del país.
El primer movimiento fue organizado para sembrar la duda sobre la legitimidad del desempeño de los actuales juzgadores más allá del período para el que fueron electos y se habló hasta de un atentado contra la Constitución de la República, es decir, algo así como un golpe de Estado, ignorando el precepto legal que obliga a los actuales juzgadores a permanecer en el puesto, sin violar la ley, hasta que se presente el sucesor debidamente nombrado y juramentado. El presidente Morales habló del tema y luego lo hicieron los diputados y los conocidos voceros del Pacto de Corruptos que, bien disfrazados, utilizan a distintas entidades para expresarse. Curiosamente hasta los mismos que hace tantos años fueron comisionados para promover la reforma constitucional para eliminar la facultad del Banco de Guatemala para otorgar créditos al Estado, esencia y razón de la existencia de los bancos centrales, para trasladar el negocio al sector financiero del empresariado, salieron a la palestra para rasgarse las vestiduras por la “violación constitucional” realizada por la CC, pasando por alto que, en todo caso, los violadores del proceso legal de elección de magistrados fueron los miembros del Consejo de la Carrera Judicial, los de la Corte Suprema de Justicia y los postuladores que ignoraron la normativa legal sobre las evaluaciones.
Se debe conceder el beneficio de la duda a algunos de los que están promoviendo que el Congreso retome el nombramiento de “sus” magistrados, por su desconocimiento de la ley. Pero lo que no pueden ignorar es que hay todo un perverso movimiento que está urgido de que el Congreso emita un decreto haciendo innecesaria la evaluación de manera que se pueda retomar, en los dos meses exactos que les quedan a los 81 diputados comprometidos con la impunidad, la elección de magistrados escogidos ad hoc para que sean pilares de la impunidad.
No olvidemos que hace varios meses algunas entidades que conformaron el Foro Guatemala se retiraron del mismo por entender que estaba siendo utilizado y manipulado por fuerzas oscuras, mismas que ahora vuelven a las andadas y lo utilizan para una mañosa propuesta que, repito, no tiene la finalidad de defender la institucionalidad sino de utilizarla mañosamente para asegurar y garantizar la defensa de la impunidad que conviene tanto a diputados como a sus socios en la captura del Estado.
