Juan Antonio Mazariegos G.
Lo acontecido en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre debe hacer reflexionar a todos los países que conformamos el corredor de tráfico de cocaína que transita hacia Estados Unidos. El Gobierno de México y su presidente Andrés Manuel López Obrador, asumieron la responsabilidad de haber liberado a Ovidio Guzmán Salazar, (hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Lorea, alías el Chapo Guzmán), cabecilla del poderoso Cártel de Sinaloa, cuyos hombres, una vez se supo la noticia de la detención, movilizaron cientos de sicarios portando armas de alto calibre, miembros del cártel y vehículos que tomaron como rehén a la capital del Estado de Sinaloa y amenazaron con asesinar a las familias de los mismos militares que habían capturado a Guzmán Salazar si no liberaban a dicho sujeto.
Cuando el hombre se organizó en sociedad y decidió vivir con leyes y reglas que debían ser observadas por todos los miembros de esa sociedad, no tardó en comprender que si deseaba que esas leyes y reglas se mantuvieran y fueran observadas, sería necesario que el Estado tuviera la capacidad coercitiva, es decir que existiera un Estado de Derecho, garantizado a través de la imposición de sanciones a aplicar en el caso de que los ciudadanos incumplieran con esas leyes y reglas. En otras palabras, para poder considerar que es aplicable una norma cualquiera, debe existir un poder coercitivo que la acompañe, el cual supondrá, incluso, el uso de la fuerza para contrarrestar un potencial incumplimiento.
De conformidad a distintos artículos y noticias de prensa, López Obrador y su gobierno han contado al menos seis versiones distintas de lo que ocurrió ese día, todas tienen un común denominador, Guzmán Salazar fue liberado y el mismo Presidente dio declaraciones indicando que se habían acabado los días de utilizar la fuerza del Estado, «No se puede apagar fuego con fuego”, «No queremos la violencia, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Desconozco cuál era el riesgo real que corría la población civil, que capacidad de reacción tenía a mano el Gobierno de México para someter a los delincuentes, que debe haber pasado por la mente de las personas que estaban detrás de la decisión de liberar al narcotraficante, solo ellos conocen todos esos hechos, sin embargo, lo que es claro es que el Cártel de Sinaloa cumplió su objetivo y ya saben que el gobierno no tiene la fuerza, el interés en usarla o la capacidad de detenerlos y que ellos ganaron.
Los recursos del narco parecen ser ilimitados y su poder parece estar en todos lados, ¿cómo los ciudadanos, o los buenos funcionarios o autoridades de México o de los demás países que estamos expuestos a esta lacra del narcotráfico podemos oponernos a que siga tomando nuestra sociedad y a nuestras autoridades?, sobre todo si no se quiere usar la fuerza, seguro no los vamos a convencer de que se dediquen a otra cosa. El reto es enorme, Estados Unidos que es el principal perjudicado por el narcotráfico debería evaluar cambios radicales en su política hacia nuestros países en el combate al narcotráfico, si seguimos siendo pobres y subdesarrollados, seguiremos siendo caldo de cultivo de coyotes, narcotraficantes y del crimen organizado en general. El Estado de Derecho debe prevalecer, necesitamos ayuda para lograrlo.
