Carlos Figueroa

carlosfigueroaibarra@gmail.com

Doctor en Sociología. Investigador Nacional Nivel II del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Profesor Investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Profesor Emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Guatemala. Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Carlos. Autor de varios libros y artículos especializados en materia de sociología política, sociología de la violencia y procesos políticos latinoamericanos.

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Carlos Figueroa Ibarra

El jueves 17 de octubre, Culiacán la capital de Sinaloa se estremeció durante cinco horas. A las tres de la tarde cientos de sicarios (se estiman casi un millar) generaron un caos en la ciudad. Literalmente invadieron la ciudad, la cercaron y la inmovilizaron. Avituallados con armas del más grueso calibre y potencia (conseguidas por el contrabando permitido por Washington) protagonizaron aproximadamente 14 combates, realizaron 19 bloqueos de calles y caminos y provocaron incendios en diversos lugares. Desde hace varios años he podido observar que el narcotráfico mexicano ha logrado desarrollar una operatividad militar digna de las guerrillas más numerosas y eficientes. En varias ocasiones han logrado movilizar grandes contingentes armados, paralizar carreteras, efectuar bloqueos para permitir a otros contingentes realizar acciones militares y enfrentarse exitosamente a ejército y policías. En esta ocasión su éxito se debió además de todo lo anterior, a que amenazaron con matar a población civil y a las familias de militares estacionados en el lugar. El alto mando de la seguridad pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decidió acceder al objetivo del vasto operativo militar del Cártel de Sinaloa y liberó a Ovidio Guzmán después de haberlo capturado. Ciertamente el operativo de captura del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán fue mal diseñado y ejecutado.

La decisión de liberar al hijo de El Chapo, fue del gabinete de seguridad, pero fue avalada por el presidente López Obrador. Persistir en mantenerlo arrestado hubiese ocasionado cientos de muertos en la población civil. Inmediatamente la derecha en México y en el mundo empezó a propalar la especie de que la decisión era producto de un gobierno blandengue y sin mano dura. En el fondo el argumento de la derecha se sustenta en una concepción de seguridad pública que ha demostrado su fracaso en las últimas décadas: al narcotráfico se le enfrenta militarmente. Aproximadamente 250 mil muertos han ocasionado en los últimos trece años esta estrategia equivocada. Los cárteles del narcotráfico siguen floreciendo lo que evidencia como estupidez la estrategia del espectáculo con la captura y extradición de capos. Hoy el Cartel de Sinaloa, según el especialista Edgardo Buscaglia, es la tercera organización criminal más poderosa del orbe y tiene filiales y negocios en 84 países. La política de seguridad de la Cuarta Transformación se asienta en garantizar la vida y bienes de la ciudadanía, no en estar persiguiendo capos que fácilmente son reemplazables por los cárteles. Apunta a la prevención social y a la inteligencia financiera que destruye el lavado de dinero. Por supuesto que también a la implementación de la Guardia Nacional que deberá alcanzar aproximadamente 270 mil efectivos.

En Sinaloa el 79% de la población consideró acertada la liberación de Ovidio Guzmán, a nivel nacional la aprobación nacional fue de 53%. 86% de los sinaloenses y 64% de los mexicanos creen que el saldo de muertos hubiese sido mayor si no se hubiera liberado a Guzmán. Así las cosas, en México con la herencia terrible de inseguridad que dejó la corrupción neoliberal.

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