El simple hecho de que el Canciller designado por el Presidente Electo tenga que pedir que les informen de los términos del acuerdo global sobre el tema migratorio que se ha suscrito con Estados Unidos es suficiente para entender que hay una profunda nebulosa sobre esa negociación que lleva a cabo el gobierno de Guatemala. Si quien se hará cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que andar suplicando información, qué puede esperar el pueblo en quien realmente descansa la soberanía del país.
La última conferencia telefónica con periodistas que tuvo el asesor de la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, dejó en claro la posición de Estados Unidos, en el sentido de que existe un claro chantaje para el futuro gobierno porque se les advirtió que, de no honrar el acuerdo que ha negociado en secreto Morales, no tendrán acceso a la ayuda norteamericana ni a un desconocido plan de inversión para combatir la pobreza en estos países. Y, además, el asesor presidencial hizo ver que ellos ya decidieron, junto con los abogados de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que no hace falta que el acuerdo sea ratificado por el Congreso, lo que, según la práctica política actual de ese país, cierra por completo cualquier discusión sobre la materia.
Al día de hoy no se tiene conocimiento de cuál será el procedimiento para tratar a quienes soliciten asilo en Estados Unidos y deban esperar aquí la resolución de su asunto. Tampoco se sabe cuál será el impacto que el acuerdo tendrá en las regulaciones existentes en nuestro país, puesto que se supone que tenemos una legislación propia sobre todo lo relacionado con Migración, pero no sabemos si el acuerdo suscrito se basa en el respeto a nuestras leyes internas o de alguna manera las modifica.
De hecho, lo poco que se va conociendo del acuerdo migratorio es lo que el señor Claver-Carone quiere decir cuando se ofrece una conferencia de prensa por la vía telefónica, porque la Cancillería guatemalteca guarda hermético silencio sobre ese asunto que manejan con el criterio del dueño de finca que puede hacer lo que le venga en gana con su propiedad.
Pero resulta que el Estado de Guatemala no es propiedad de Jovel, Morales o Claver-Carone, por lo que informar a la ciudadanía de lo que han negociado y pactado es una obligación ineludible. Y por supuesto, de paso, hacerle ver al nuevo gobierno de qué manera lo están dejando embarcado en un tema tan complejo y de tantas aristas como la migración de guatemaltecos a EUA.
