En el proyecto de presupuesto para este año está contemplada una erogación de 117 millones de quetzales para pagar una indemnización que desde los años ochenta viene reclamando el Banco de París al Estado de Guatemala, luego de que la estatal Corporación Financiera Nacional (Corfina) se convirtiera en avalista del préstamo de 15 millones de dólares que el banco europeo otorgó al empresario guatemalteco Raúl García Granados.
Y digo que nos toca pagar los costos a todos porque ese aval de Corfina fue otorgado bajo instrucciones precisas del entonces presidente Romeo Lucas García, primo de García Granados. Pero no contento con haber logrado el aval y el préstamo, García Granados aprovechó el cooptado sistema de justicia para lograr una autorización judicial para vender las cosechas de algodón que eran la garantía prendaria para cubrir el préstamo en mención. En ese tiempo la Corte Suprema de Justicia era nombrada también por el Congreso pero la influencia del Presidente era de tal calibre que cuando los diputados eligieron a quien sería su presidente, éste en vez de agradecerles a ellos por el voto, públicamente dio las gracias a Romeo Lucas “por la confianza que había depositado en él”.
En otras palabras, se trata de una sucesión de actos viciados porque primero fue el tráfico de influencias para que el Estado, a través de Corfina, diera el aval al Banco de París en el préstamo millonario a un particular cuyo parentesco con el entonces Presidente bastó para comprometer a toda la nación en caso de que no fuera pagado el empréstito, como finalmente ocurrió.
Y es que García Granados no se estaba jugando nada, al fin y al cabo, porque si no pagaba al Banco de París, sería la entidad Corfina la responsable de la deuda. Pero para que no quede duda alguna de sus intenciones, ante el gravamen que pesaba sobre las cosechas de algodón en ese tiempo, buscó la autorización de un juez para poderlas vender y así aprovechar un recurso que, según lo pactado, estaba destinado a cubrir el monto del dinero que le prestó el banco parisino.
El litigio duró muchos años y también se enderezó contra el juez que autorizó la venta de la prenda, pero ese pobre abogadito que no hizo sino lo que le ordenaron, murió antes de que se llegara a sentencia. Y en virtud de que el asunto quedó dirimido judicialmente, a Guatemala le corresponde hacer ese pago y en el proyecto de presupuesto para al año próximo aparece la asignación de los 117 millones que servirán para cubrir ese compromiso asumido por nuestras autoridades de aquella época.
Por supuesto que no es justo que a toda la población se le obligue a pagar por la deuda que contrae un empresario particular. Son 117 millones que buena falta harían para combatir la desnutrición crónica que afecta a la mitad de nuestros niños pero que, en vez de eso, honrarán una deuda que maliciosamente se dispuso que fuera avalada por el Estado de Guatemala.
Y como en este caso, todo centavo que se le roba al Estado, lo termina pagando la gente más pobre que recibe menores oportunidades.
