Hay conceptos que se utilizan mañosamente para tergiversar su verdadero sentido y uno de ellos es el socorrido Estado de Derecho que ahora esgrimen algunos de los que están felices con el sistema de impunidad que hay en el país y reaccionan molestos tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad, como si la existencia de un Sistema Judicial cooptado y controlado por poderes paralelos y funestos fuera una expresión del verdadero Estado de Derecho y no una aberración que no sólo lo destruye sino que, además, aniquila también la Certeza Jurídica, absolutamente indispensable para la vida en sociedad.
Suponer que la sola existencia formal de nuestras Cortes es garantía del Estado de Derecho no es producto de ingenuidad sino de mañoso retorcimiento de la realidad para apuntalar un modelo que abre las puertas a la corrupción porque se genera la certeza de que en nuestro país quien tiene recursos y poder no tiene por qué rendir cuentas ante la justicia. Y todo ello se deriva de la forma en que se produce la designación de las más altas autoridades judiciales, puesto que antaño eran designadas a dedo por los políticos de turno y cuando se trató de cambiar eso para trasladar a la academia la responsabilidad de nominar candidatos, terminamos corrompiendo la academia en una forma escandalosa.
La Corte de Constitucionalidad no se ha sacado de la manga argumentos para sustentar su fallo, sino que hay hechos y realidades que, en el caso de las Postuladoras, dan lugar a la suspensión del proceso y su enmienda. Desde la forma en que fueron electos los postuladores que forman parte del conjunto de magistrados de Salas de Apelaciones, hasta la decisión de no requerir informes al Consejo de la Carrera Judicial sobre el rendimiento de los jueces y magistrados, todo fue parte del juego amañado para dejar la puerta abierta para que los comprometidos con la impunidad tuvieran seguridad de que serían los designados.
El Estado de Derecho no significa únicamente cumplir la ley al pie de la letra, cosa que tampoco hacemos, sino que demanda que el ordenamiento legal sea depurado de aquellos vicios que lo hacen inútil o lo ponen al servicio de intereses bastardeos y en muy poco hay tantos y tan notorios vicios como en el sistema de justicia guatemalteco, parte de la cooptación y captura del Estado que hacen grupos de poder político y económico, que terminan sacrificando aquellos objetivos esenciales del Estado en función de los cuáles es indispensable la promoción de un verdadero Estado de Derecho.
