Francisco Cáceres Barrios
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Aduciendo “promover el turismo nacional” el Congreso emitió en septiembre del 2018 el Decreto 19-2018, para regular los descansos oficiales, en donde claramente se estableció que el feriado del 15 de septiembre de 2019 no se corría para el lunes siguiente, sin embargo, las dependencias de salud pública antojadizamente suspendieron las consultas externas; las del Organismo Judicial no trabajaron, el Legislativo tampoco, en fin, los servidores públicos “por sus pistolas” olvidan, en este país de la “eterna anarquía”, que cumplir con sus deberes y obligaciones es esencialmente obligatorio y que el no hacerlo puede significar problemas a los ciudadanos hasta perder la vida o sufrir daños y perjuicios.
El 20 de enero de 2019 un hombre denunció a cuatro agentes de la Policía Nacional Civil que le habían robado su carro. El mismo fue localizado en Boca del Monte, Villa Canales. Los policías allanaron el inmueble en donde se encontraba, sin orden judicial, lo sustrajeron del domicilio y se lo entregaron al dueño, quien les pagó Q7 mil a través de un depósito bancario a favor de uno de los agentes y ¡Santos en paz! Mucho tiempo después, el Ministerio Público armó la investigación y capturaron a los cuatro agentes.
En el caso anterior, si el denunciante hubiera seguido el proceso “normal” que se acostumbra en nuestro país, todavía no hubiera recuperado su vehículo, gastado un dineral en vueltas y gestiones y encima de todo, anduviera con la camisa levantada porque los delincuentes ya lo hubieran amenazado en su trabajo, obligándole a mantener a su familia y a los hijos con la suegra en el interior de la República para no correr tremendos riesgos. En otras palabras, si los ciudadanos honrados somos víctimas de la delincuencia nos lleva candanga, pero si se trata de los asaltantes, indigentes, mareros o como quiera llamarlos que habitan en la 7ª calle, zona 1, entre los edificios del Archivo General, Biblioteca y Hemeroteca, la policía los mete presos hoy y al día siguiente salen libres debidamente protegidos por alguna entidad de los derechos humanos o de la beneficencia pública, tal y como ha venido sucediendo a través de muchos años en la ciudad capital y en el interior de la República.
Llegamos a tal punto con el “Viva la Pepa”, que la justicia se perdió en Guatemala pues si se aplicara la jurisprudencia sentada por los recientes fallos de algunos tribunales, cometer un fraude con facturas, servicios o de amañadas contrataciones no es delito, simplemente es una falta que si mucho, es sancionada con unos cuantos quetzalitos de multa y encima de ello, los progenitores gozan del pleno derecho de perorar una inocencia que ni el más pintado de los santos reconocidos por la Iglesia se la cree. Algunos ofrecen cambiar el status inaguantable en que vivimos, otros, seguimos expectantes ante los múltiples ofrecimientos de cambiar en provecho del orden, respeto a la ley y cumplimiento de deberes. ¿Usted qué opina?
