Se acerca el momento que han estado esperando las casi mil personas procesadas tras los esfuerzos de la CICIG y el anterior Ministerio Público para combatir la corrupción, puesto que ya sin esas dos instancias de investigación y persecución penal, solo falta el nuevo acomodo de las Cortes para solventar muchos de los casos, aún de aquellos que ya llegaron a sentencia en primera instancia y que mediante recursos de todo tipo pueden llegar a las instancias de las Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, lo cual nos da una idea de lo crucial que significa todo este proceso de postulaciones que estamos viviendo y en el que hay vicios de forma y fondo muy visibles.
Precisamente por la urgencia que hay de “resolver” los casos de corrupción que se tramitan en diferentes tribunales es que se está poniendo todo el empeño para garantizar la elección de Cortes ad hoc, que sean garantía de impunidad para mandar al olvido todos esos casos que desnudaron nuestra realidad y para impedir, a toda costa, que los siempre protegidos por la impunidad vuelvan a sufrir los sobresaltos vividos en estos últimos años cuando parecía que la justicia era igual para todos, sin distingos de poder o posición.
A ellos hay que agregar quienes por el escudo de la inmunidad se han librado de acusaciones en su contra, pero que cerca de dejar el poder sienten los pasos de animal grande y por lo tanto están urgidos de la seguridad de que, aún en el caso de que se iniciara una persecución penal en su contra, tendrán garantía de impunidad en las diferentes Cortes del país.
Varias impugnaciones se han presentado a la forma en que se realiza el proceso de postulaciones pero no se ve ninguna disposición a revisar la manera en que son incluidos en los listados los abogados y se sabe que hay un notorio tráfico de influencias porque muchos de los electores de una Comisión son aspirantes en la otra y viceversa, lo que hace que estemos frente a un descarado caso de compadre hablado en el que los acuerdos bajo la mesa (o en algún hotel como se hacía en los tiempos de Baldetti), son el factor decisivo en cuanto a quiénes llegarán a conformar las Cortes. Y el plan significa que ninguna de las Salas de Apelaciones quede sin que al menos dos de los tres magistrados sean de los comprometidos con el Pacto por impunidad, no digamos la mayoría absoluta en la Corte Suprema de Justicia.