Ni siquiera hubo que esperar a que pasaran las fiestas de la Independencia para que se concretaran las amenazas que lanzó el Presidente del Congreso, Álvaro Arzú, en el sentido de que los que habían liderado la lucha contra la corrupción iban a ser procesados penalmente para responder por las agresiones que cometieron contra los que han logrado consolidar el Pacto de Corruptos. Ayer el Ministerio Público anunció que tras una investigación que surge de la exigencia que hicieron los diputados de la Comisión de Alejos y que forzó a la Contraloría de Cuentas a emitir un nuevo dictamen sobre la compra de un edificio para el MP, se dictó una nueva orden de captura contra la ex fiscal general Thelma Aldana y varios de sus colaboradores.
Siempre he dicho que todos tenemos el deber de enfrentar a la justicia para responder por nuestros actos, aún en un sistema en el que, por ejemplo, se exonera de responsabilidad a quienes entregan facturas falsas para justificar un gasto, como pasó con el Caso Botín del Registro de la Propiedad, en el que simple y llanamente dejaron de ser delitos hechos que, al tenor de la ley, no pueden recibir otra calificación. Y Thelma Aldana y su equipo tendrán que explicar las circunstancias en que se produjo la compra del edificio en la zona 5, aunque esa explicación no sirva legalmente para nada porque los dados de la justicia están debidamente cargados.
Llama la atención que se afirme que el edificio está sobrevalorado pero no se inicia ninguna acción penal contra la gente de DICABI, no obstante que el avalúo catastral fue el elemento de respaldo para la adquisición del inmueble, de la misma manera que no deja de ser muy sospechosa la forma en que ligan al caso a la exjefa del Departamento Jurídico del Ministerio Público, la abogada Diana Benavides, quien salió el año pasado del MP tras denunciar el acoso de la Fiscal General Consuelo Porras para obligarla a firmar un dictamen que obligaba a la institución a pagar 144 millones a la empresa Concreto Preesforzado de Guatemala y otros 107 millones a la empresa Globalcorp International. La empresa de Concreto es la que hizo la sede del MP, situada a pocas cuadras de la zona 5 que ahora califican de sumamente peligrosa en este Tercer País Seguro.
El tema de fondo aquí es que se trata de una guerra avisada porque en el Congreso, durante la sesión solemne para conmemorar la Independencia, fueron contestes los discursos de los Presidentes del Legislativo y del Ejecutivo en el sentido de que quienes tuvieron la osadía de dar la cara en una lucha abierta contra la corrupción, serán llevados a los tribunales en lo que ellos dijeron que no eran actos de venganza sino de justicia. Pero todos sabemos que si algo está seriamente comprometido en el país es el Sistema de Justicia, pieza clave del mantenimiento de la impunidad indispensable para quienes tienen la cola bien machucada.
Nadie debe sorprenderse de las acciones emprendidas ni de las que vengan en el futuro porque es obvio que en el MP hay tirria contra la exfiscal general y no digamos en las esferas de un Pacto que surgió, precisamente, para destruir lo que se había avanzado en el país.
