Todo indica que tras hacer las cuentas y ver que con una nota de 73 puntos que se ha establecido en la tabla de la Comisión para integrar la CSJ, muchos de los ya escogidos quedarían fuera, la Comisión de Postulación para magistrados de Salas de Apelaciones dispuso establecer el requisito en 65 puntos, lo que permite salvar algunas postulaciones ya pactadas, pero que se verían rechazadas, de entrada, por la baja calificación.
Algo así como cuando a un grupo de personas se les regala un curso mediante la disminución de los requisitos para aprobarlo. Y ello no obstante que se trata de los magistrados que integrarán las Salas de Apelaciones de todo el país y que, por lógica, debieran ser de los profesionales del derecho mejor calificados. No está de más decir que tanto el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Marroquín, doctor Milton Argueta, como la magistrada de la Corte Suprema, María Eugenia Morales, argumentaron que por el nivel de responsabilidad que implica el desempeño de esas altas funciones en el Sistema de Justicia, la calificación mínima para optar a la postulación debiera ser de 80 puntos, lo que nos da una idea de lo que realmente implican esas decisiones.
Lamentablemente esto viene a corroborar que se trata de un proceso que no solo recuerda los anteriores para la cooptación de la justicia, sino de uno más abierto y descarado, producto de la confianza que genera el fin de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala que logró el Pacto con la expulsión de la CICIG y la forma en que fue alienado el Ministerio Público, lo que asegura que las Comisiones Paralelas puedan operar a sus anchas, como se hizo ya con la reducción de la nota que se requieren para las postulaciones.
La excelencia académica tendría que ser, junto a la ética e idoneidad, un criterio esencial para la designación de quienes ocuparán esas magistraturas y si aún con un rasero condescendiente no logran llegar a la nota, lo correcto no es bajar el requisito sino postular a los que lo han llenado. No se puede aceptar el argumento de que es demasiado exigente la calificación puesto que las responsabilidades del cargo sí que son verdaderamente exigentes si queremos que Guatemala disponga de autoridades judiciales competentes y probas.
Triste evidencia la que nos están dando de cuán fácil se quiere poner la cosa para los que ni siquiera méritos académicos pueden ofrecer para compensar la falta de idoneidad en temas éticos.
