Hace mucho tiempo que se cuestiona la eficiencia del Estado de Guatemala por su total ausencia en buena parte del territorio como consecuencia de que sus fines fueron trastocados por la cooptación y captura que se produjo a partir del financiamiento electoral, mismo que no sólo proviene del capital tradicional sino también del emergente y del que amasa el crimen organizado, especialmente el que se dedica al rentable y productivo narcotráfico. Ajeno a sus fines esenciales, entre ellos la protección de la vida y la promoción del bien común, el Estado de Guatemala sirve únicamente como viña para una serie de jugosos negocios, mientras que se hace de la vista gorda de quienes se han ido adueñando de muchos sitios, entre ellos algunos de los que ahora están bajo el anacrónico estado de Sitio.
Y digo que es anacrónico porque en los tiempos actuales los problemas sociales no se resuelven suspendiendo sino fortaleciendo las garantías constitucionales. Antaño prevalecía el autoritarismo y era lógica la tesis de que al surgir problemas lo primero que había que hacer era recurrir a la fuerza indiscriminada para aplastar revueltas o motivos de descontento. De allí la Ley de Orden Público que tenemos vigente en Guatemala como un auténtico y grave anacronismo en un mundo en el que cada vez más se recurre a la correcta aplicación de la ley, sin subterfugios ni abusos, para resolver los conflictos de cualquier naturaleza.
El tema es que Guatemala no va a recuperar el control de los sitios donde no hay Estado mediante la suspensión de las garantías constitucionales. Para empezar no se sabe aún cómo se produjeron los hechos en El Estor y existen variadas versiones de lo ocurrido. El uso de las fuerzas armadas no va ayudar en absoluto no sólo al esclarecimiento de lo que realmente sucedió, sino también a facilitar que exista presencia permanente del Estado, situación que va más allá de la policial o del Ejército. Porque lo que ha hecho que en algunos lugares (varios no incluidos en el estado de Sitio, como la costa sur) la población termine cerrando filas para proteger a los narcotraficantes es que son éstos los que han llenado el vacío que deja la irresponsable conducción de los asuntos públicos en un país donde los funcionarios y empleados están más pendientes de la sobra que de la obra, entendiendo la misma no sólo como la inversión en infraestructura, sino también la prestación de servicios esenciales para promover el bien común con son la educación y la salud.
Por supuesto que el gran reto del país es recuperar el control de los sitios donde no hay presencia del Estado y en eso tendrá mucho que hacer el próximo gobierno si empieza por reconocer que el Estado ha fallado en el cumplimiento de sus fines esenciales y tiene en abandono a buena parte del territorio. Pero pensar que mediante el despliegue de la fuerza se conseguirá el objetivo es de tontos porque lo que hace falta es retomar las funciones esenciales que la misma Constitución asigna y que, hoy por hoy, han sido totalmente olvidadas.
