Walter Juárez Estrada
Colectivos sociales deben cerrar filas, ejercer fiscalización y auditorías en las Comisiones de Postulación para nominar a los futuros funcionarios del Organismo Judicial, evitar que el proceso se contamine con narcos y políticos que por décadas han tenido incidencia en la escogencia de los jueces, en los actuales momentos cuando la CICIG cesó, cuya reanudación está en la CC. El evento se prolonga hasta el año entrante, por los disparates de los comisionados que no unifican criterio sobre la evaluación de los postulantes.
Los grupos del pasado, el exrector Stuardo Gálvez, Gustavo Herrera refugiado en Nicaragua para evitar su aprehensión, Roberto López Villatoro (Rey del Tenis), trabajan tras bambalinas para reelegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, que con excepciones no debe permitirse, es seguir en los mismos con una “justicia comprada para favorecer a narcos y políticos corruptos”, estos procesos son viciados y los actuales funcionarios judiciales fueron elegidos por diputados de los expartidos PP y Lider para pagar favores políticos, la justicia está estancada dañando a miles de guatemaltecos.
Los futuros dirigentes del Ejecutivo y el Congreso deben unir esfuerzos para modificar la Ley de Comisiones de Postulación. Los comisionados se convierten en “juez y parte”, se postulan para su reelección, acción que colisiona con la misma Carta Magna. Magistrados de la actual Corte, Blanca Aída Cahal Dávila (Stalling), separada por corrupta, Vladimir Aguilar, Douglas Charchal, condenado por la misma razón y el exmagistrado Geovanni Orellana, procesado por haber vendido su voto, siendo comisionado por un apartamento que le regaló López Villatoro, cuestión que debe repetirse, por los intereses creados que tienen los que están procesados por corrupción y los negocios espurios en la administración Pérez-Baldetti y sus secuaces. La ex juez y comisionada Gicel Reynoso Trujillo recibió en pago una casa; su voto insidió en el proceso favorecido a los actuales magistrados de Corte y Salas.
Defensores vinculados a narcotraficantes tienen la intención de postularse para dirigir el Organismo Judicial, sería una dura afrenta para el pueblo, su intención de absolver a los corruptos que saquearon la hacienda pública en los últimos gobiernos. Los comisionados para favorecer a tales sujetos acordaron no someter a ninguna investigación y evaluación a los postulantes, otro golpe bajo que se le quiere dar al pueblo. Los comisionados están jugando con fuego.
De darse esas circunstancias se da por hecho que el proceso para elegir y seleccionar a los magistrados, se judicializará y no podrán tomar posesión el 13 de octubre como señala la ley y dar al traste con ese viciado proceso, que es político, en última instancia quien elige es el Congreso, y varios diputados están siendo enjuiciados y con antejuicios pendientes de resolver, que los colectivos por ninguna razón deben aceptar y actuar con arreglo a derecho y no permitir que la justicia sea dirigida por los mismos corruptos de siempre. El Organismo Judicial no responde a los intereses del pueblo y a la Constitución.
