Raúl Molina
Pareciera que con las elecciones la oposición a la dictadura de la corrupción ha quedado fuera de combate. ¿Quiénes somos? Ya ni siquiera eso sabemos, porque caímos fácilmente en la trampa electoral. En medio de la confusión política, repartimos nuestro apoyo entre siete opciones electorales, que nunca lograron sentar las bases de una alianza electoral y tampoco tuvieron la capacidad de impulsar sus candidaturas; se aceptaron mansamente las migajas de participación política que los “poderosos” les concedieron: quince diputaciones y un número indeterminado, pero mínimo, de alcaldías. Ni siquiera las agrupaciones políticas que desaparecerán, Convergencia y Encuentro por Guatemala, se atrevieron a protestar por los resultados de la primera vuelta y la agrupación política UNE, que posiblemente sacó más votos en la segunda vuelta electoral, tampoco tuvo el valor de reclamar dichos votos. A la oposición a la dictadura de la corrupción se nos hizo el llamamiento de no denunciar el fraude electoral, para no perder las migajas recibidas. Igualmente, se vio con malos ojos el llamamiento al voto nulo, como fórmula para derrotar al Pacto de Corrupción. Es más, se encienden los ánimos entre miembros de la “Oposición” cuando planteamos que tenemos total derecho, como personas en el extranjero, de presentar un recurso de inconstitucionalidad del proceso electoral. Es evidente que en la “Oposición” no hay metas ni objetivos y mucho menos una estrategia para enfrentar el capítulo segundo de la dictadura de la corrupción.
¿Qué se quiere hacer en los próximos seis meses? Por lo menos, deberíamos estar claros de que hay que oponerse hasta las últimas consecuencias –la rebelión popular– al acuerdo migratorio entre Trump y Jimmy. Deberíamos también exigir que el Convenio con las Naciones Unidas para la existencia y acciones de la CICIG se mantuviera y, de hecho, se fortaleciera. Deberíamos oponernos firmemente a que en los estertores de muerte del gobierno del FCN-Nación se tomaran medidas de amnistía, inmunidad e impunidad para asesinos y delincuentes corruptos; proteger las pocas instituciones que aún funcionan a favor de los intereses de las grandes mayorías, como la CC y la PDH; y, finalmente, si no nos animamos a impedir que el nuevo gobierno asuma el 14 de enero de 2020, deberíamos, como mínimo, ejercer presión sobre el mismo, para evitar los retrocesos que se vislumbran en términos de democracia, derechos humanos y lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Estamos de acuerdo con todo esto y dispuestos a dar la batalla frontal? ¿Qué pensamos hacer en los próximos cuatro años para enfrentar a las y los corruptos locales y al coloniaje de Trump? El panorama es realmente sombrío. Ni siquiera los quince congresistas que nos debiesen representar han hecho esfuerzo alguno por integrar un bloque parlamentario y definir una agenda común y los partidos políticos que subsisten no reconocen aún que fraccionados irán al fracaso. De septiembre a diciembre, deberíamos definir una estrategia conjunta para las fuerzas sociales y políticas progresistas y democráticas. ¿Vamos a hacerlo o claudicaremos y la historia nos pasará por encima?
