Por Jorge Santos
El Informe Memoria del Silencio, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico refiere que “el carácter antidemocrático de la tradición política guatemalteca tiene sus raíces en una estructura económica caracterizada por la concentración en pocas manos de los bienes productivos, sentando con ello las bases de un régimen de exclusiones múltiples, a las que se sumaron los elementos de una cultura racista, que es a su vez la expresión más profunda de un sistema de relaciones sociales violentas y deshumanizadoras. El Estado se fue articulando paulatinamente como un instrumento para salvaguardar esa estructura, garantizando la persistencia de la exclusión y la injusticia.” Fue en este marco, de configuración de un Estado mafioso que los distintos actores de poder, se articularon como verdaderas estructuras criminales.
Con el cese del Conflicto Armado Interno y el ingreso brutal del neoliberalismo, entramos de lleno a la transformación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad a nuevas formas que dominaron el escenario público y con ello la captura y secuestro de la institucionalidad pública. Aquellas instituciones que habían sido tomadas para los fines de la guerra contrainsurgente, fueron cooptadas para la garantía de los privilegios de la oligarquía guatemalteca, el enriquecimiento ilícito de nuevos ricos y la instauración de un régimen de podredumbre donde la ley del sálvese quien pueda, fue apuntalada con el róbese lo que y cuanto pueda.
De ahí la necesidad de una Comisión Internacional que pudiera identificar y desarticular a estas estructuras criminales, de un poder que en otras sociedades operan desde atrás, pero que en esta sociedad operan desde lo público y ya bien sea son funcionarios de instituciones del Estado guatemalteco o bien son miembros de la oligarquía y por supuesto muchos de la institución armada. Por eso no extraña que desde la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– las investigaciones hayan estado concentradas en funcionarios tales como el expresidente Alfonso Portillo o bien la estructura criminal liderada por el ex ministro de Gobernación Carlos Vielman y que esa muestra representativa de funcionarios y miembros de la élite económica haya sido la constante en todas las bandas criminales golpeadas a lo largo de 12 años de arduo y profesional trabajo.
La CICIG a lo largo de su recorrido permitió la identificación de más de 60 estructuras criminales, que fueron creadas y organizadas para saquear y apropiarse de recursos públicos, para ampliar los históricos privilegios de la rancia oligarquía y con ello empobrecer, excluir, expulsar población de sus territorios y crear un aparato estatal de muerte y violencia, que se alimenta de corrupción e impunidad. Al realizar este trabajo, la CICIG y la FECI lograron abrir una fisura a esa estructura económica caracterizada por la concentración en pocas manos de los bienes productivos; nos queda por lo tanto, a las y los guatemaltecos honestos ampliar y profundizar esa fisura y romper este régimen podrido. Gracias CICIG por tanto y por todo.
