Víctor Ferrigno F.
Ayer, tras doce años de infatigable labor por la justicia, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó su informe de cierre, en un contexto adverso en la lucha contra el Pacto de Corruptos, que ha ganado una batalla, pero no la guerra contra la impunidad, cruzada en la cual la ciudadanía aún tiene muchos hitos que escribir.
El informe de cierre fue presentado en el contexto del Seminario Internacional “El combate a la corrupción y la impunidad en Guatemala”, que contó con connotados expositores y analistas nacionales e internacionales, hombres y mujeres de gran valía que han contribuido a romper el cerco de la impunidad en Guatemala y en otros países, como España, México, Honduras, Nicaragua, Colombia y Perú.
Todos ellos, desde experiencias y enfoques diversos, coincidieron en que la CICIG ha sido una experiencia inédita, útil y de gran valía para enfrentar a los Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que se han apoderado del Estado guatemalteco y han generado un clima de impunidad que ha cobijado crímenes comunes y de lesa humanidad, corrupción a gran escala, manipulación de la administración de justicia, uso de la institucionalidad para fines particulares, supresión de la independencia de poderes estatales, perversión del sistema político y un rosario adicional de actos criminales que han vaciado a la democracia de contenido, han impedido el desarrollo social y han torpedeado la paz ciudadana.
Es decir, el Pacto Criminal ha reeditado las causas que generaron el Conflicto Armado Interno (CAI), por lo que se presagia una confrontación social de grandes dimensiones, generando fenómenos nuevos como la migración masiva a EE. UU., considerada como un fenómeno de seguridad nacional por la administración Trump.
El informe de cierre de la CICIG, dividido en diez capítulos, da cuenta pormenorizada de su legado en materia de mejoramiento de la administración de justicia penal, detallando el traslado de capacidades al Ministerio Público y reformas institucionales, así como del número y tipo de estructuras criminales desmanteladas, y de los presuntos criminales enjuiciados (políticos, empresarios, funcionarios, militares), arrojando una eficacia procesal mayor al 80%.
En el mundo, llama la atención los casos paradigmáticos como La Línea, que arrojaron a la cárcel al binomio presidencial Pérez-Baldetti, o el Caso Molina Theissen, que implicó condena y cárcel para casi toda la cúpula de inteligencia militar, durante el CAI. Por ello, el modelo de la CICIG ha inspirado órganos internacionales similares en Honduras y próximamente en El Salvador, y fue considerado durante un buen tiempo en países tan lejanos como Ucrania.
Sin menospreciar los grandes aportes técnico-jurídicos construidos por la CICIG, su mayor legado trasciende éste ámbito, y como consigna el informe final en sus conclusiones, “Los y las guatemaltecos tienen ahora certeza y evidencia de las graves falencias que aquejan al Estado de Guatemala. […] que esas falencias pueden ser atajadas, que es posible hacer justicia, de que la ley puede y debe aplicarse a todos por igual. Que no hay intocables. Esa conciencia ciudadana, […] es la semilla de un proceso de cambio que, si bien enfrentará adversidades, no podrá frenarse. Es un punto de no retorno”.
Bien pensado, el informe de cierre de la CICIG se intitula “El legado de la Justicia en Guatemala” y lo refuerza el hashtag #Juntoslohicimos, destacando el apoyo ciudadano del 72% a la Comisión. Recordando el 2015, agrego yo: lo volveremos a hacer. Advertidos quedan.
