Ayer el encargado de deportaciones de Estados Unidos vino a Guatemala e informó del por qué el masivo aumento de la cantidad de guatemaltecos, incluyendo unidades familiares, que están siendo retornados a nuestro país. Es producto, dijo, de un acuerdo entre ambos gobiernos que facilita el trámite para que quienes se encuentran ilegalmente en Estados Unidos puedan ser enviados de vuelta sin mayor trámite. En otras palabras, parte de los acuerdos migratorios asumidos por Guatemala es esa forma expedita de realizar las deportaciones que nuestro país certifica en tiempo récord.
Lejos quedaron los días en que los migrantes guatemaltecos hacían su cuchubal y juntaban dinero para entregar a la campaña de Jimmy Morales, quien ofrecía ser protector de esos guatemaltecos en el extranjero. Su gobierno implementó mecanismos para facilitar la exportación rápida de quienes llegan a la frontera en busca de su superación económica, que son la mayoría de quienes emprenden la peligrosa aventura.
El problema es que esa gente está volviendo al mismo lugar y a las condiciones de desesperación y falta de esperanza que les forzaron a salir. No hay ni un programa de reinserción y ayuda para quienes vuelven endeudados con los coyotes que han hecho su agosto a costillas de las penurias de nuestra gente. Los rostros de los retornados lo dicen todo y no podemos criticar a Estados Unidos por cerrar su frontera pero sí debemos criticar a nuestras autoridades que han sido incapaces de diseñar programas y acciones para impulsar desarrollo humano que haga a nuestra gente confiar en su futuro aquí, gracias a la educación y salud que se les provee para aspirar a empleos dignos.
Debemos criticar a un Estado cooptado por la corrupción que lo convierte en rehén de los negocios y trinquetes y que, en esa condición, abandona a su gente sin promover el bien común. Al margen del debate que debe haber sobre el tema de los refugiados y sobre la migración en general, tenemos que centrarnos en que en Guatemala la corrupción no sólo roba dinero sino que se roba la esperanza de nuestra gente y la expulsa por la ausencia de oportunidades para alcanzar una vida digna. Y si bien Estados Unidos y la Casa Blanca tienen derecho a blindar su frontera, a lo que no tienen derecho es a haber minado la lucha contra la corrupción al apañar a Morales en su búsqueda de impunidad, eliminando la institución internacional que lideró, junto a un Ministerio Público decente y comprometido, la gran arremetida contra los peores vicios de nuestro sistema político.
