Víctor Ferrigno F.
El domingo 11 de agosto, el endeble y pervertido sistema político-electoral guatemalteco dio un viraje al pasado, poniendo en cuestión los escasos avances logrados desde el retorno a un incipiente régimen constitucional, en 1985. Después de retorcer la ley, judicializando la política y monetizando la voluntad ciudadana, se nos obligó a sufragar por una de dos opciones, que son antítesis de una democracia real. Se confirmó que el sistema dominante nos permite votar, pero no elegir.
La regresión del sistema político-electoral se basó, principalmente, en cuatro factores. En primer lugar, la judicialización de la política, mediante la cual la Fiscal General le armó un caso de persecución penal exprés a Thelma Aldana, para sacarla del juego electoral, logrando que todo el aparato estatal le cerrara las puertas de la contienda, hasta obligarla a permanecer fuera del país. Así, el sistema dominante excluyó a Aldana, asegurándose que pudiera haber nueva administración, pero que se mantuvieran los mismos dueños de la finca.
Sandra Torres fue quien movió todos esos hilos, con el apoyo del Pacto de Corruptos, consiguiendo retrasar los casos que la CICIG y la Fiscalía Espacial Contra la Corrupción (FECI) armaron en su contra por financiamiento electoral ilícito, hasta que el TSE la inscribió y gozó de antejuicio. Nunca se imaginó que esos fraudes de ley le allanaron el camino a Giammattei, para derrotarla en la segunda vuelta.
Estas manobras fueron el verdadero fraude electoral, y no la alteración de los datos electorales en formato electrónico. Lo cierto es que se levantó un clamor ciudadano contra la legalidad y la transparencia de todo el proceso electoral.
El segundo factor fue el retorno del régimen de impunidad, al frenar Jimmy Morales las funciones de la CICIG, y la virtual inmovilización del Ministerio Público, por una Fiscal General alineada con los poderes fácticos. De esa suerte, ya no se pudo investigar, antes y durante la contienda, el financiamiento electoral ilícito, que constituye el pecado original de la democracia de nuestro país, como ha sostenido Iván Velásquez.
En esta oportunidad, el flujo de fondos ilícitos o no declarados se hizo en efectivo, y en cuestiones operativas, como compra de votos, transporte para acarrear votantes, o el pago a fiscales electorales. Estimo que, para fiscalizar estas prácticas ilegales operativas, como mínimo se necesitan unos 20 observadores por municipio, es decir, unos siete mil fiscalizadores con experiencia, vehículos y recursos para visitar los centros de votación. Ni la OEA, ni el TSE, ni las ONG tuvieron el interés o la capacidad de desplegar tal contingente. Así, regresamos a la vieja política, donde la voluntad ciudadana se vuelve mercancía, y el electorado baila al son de la música que paga quien contrata la marimba.
El tercer factor fue el abstencionismo, que alcanzó los niveles de la Segunda Vuelta Electoral de 1996. Por ello, Alejandro Giammattei Falla es, legal pero no legítimamente, Presidente de la República de Guatemala, sin el apoyo del 76% del electorado. Para colmo, apenas cuenta con el 10% de los diputados, por lo que le costará gobernar.
El cuarto factor es la despolitización y la abulia ciudadana. El Conflicto Armado Interno, la pobreza, la alienación, el racismo, el clasismo, la corrupción y muchos otros factores no han permito formar una ciudadanía consciente, organizada y actuante, que no se deje manipular con prebendas, falsas noticias y discursos de odio.
Como dicen en el campo, la democracia dio saltopatrás, regresando a la politiquería. Esto ya ha ocurrido en el pasado, y cuando todo parecía perdido, como en 2015, aprendimos que a veces la ciudadanía retrocede para tomar impulso, y sacar del Gobierno a quienes pretenden burlarse de la voluntad soberana del pueblo.
