Durante años hemos escuchado el discurso sobre la necesidad de tener certeza jurídica en el país como punto esencial para que la iniciativa privada pueda rendir frutos que generen empleo y crecimiento económico y, sin embargo, ante el ataque orquestado para defenestrar a la Corte de Constitucionalidad se guarda un silencio cómplice que tendrá terribles consecuencias porque la destrucción del Estado de Derecho en busca de acomodos personales es el peor camino que se puede seguir y el más rápido para la consolidación de una dictadura.
Es sabido que contra los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que han votado en contra de los intereses del bien llamado Pacto de Corruptos hay una andanada que se encaminó ya a la Corte Suprema de Justicia para darle trámite a la solicitud que hizo la Junta Directiva del Congreso para procesar penalmente a Bonerge Mejía, José Francisco de Mata y Gloria Porras, a efecto de que el proceso regrese al mismo Congreso donde se declarará con lugar la solicitud que ellos mismos presentaron y, en auténtico compadre hablado, se inicie un proceso que permita separarlos del cargo.
Desde el punto de vista de quienes están procurándose impunidad por errores cometidos en el pasado puede parecer una jugada genial la que montaron desde la directiva del Congreso porque les asegura que no habrá más molestias porque la CC juegue un papel en contra de los esfuerzos por afianzar la impunidad en el país. Pero desde el punto de vista racional deben entender que con su silencio complaciente, cuando no con su apoyo abierto a la arbitrariedad, están labrando una estaca que tarde o temprano será utilizada en su contra.
Estamos a punto de entrar en una etapa de real incertidumbre en la que se abre el espacio para la prolongación de mandatos y para la entronización de dictaduras personales aprovechando el envión que da el amplio consenso de los poderes fácticos para apañar y alentar la corrupción. Todo lo que se dijo sobre la amenaza de que la izquierda nos llevará a convertirnos en una Venezuela resulta poca cosa ante el riesgo, cierto y concreto, de que la corrupción sea la que nos lleve a esa situación. Y cuando llegue el momento de que quienes hoy contribuyeron a labrar la estaca quieran demandar protección a sus derechos, no tendrán a quien acudir porque ellos mismos se han encargado de acompañar con entusiasmo la destrucción del Estado de Derecho.
El autoritarismo está de moda y se está viendo cómo hasta peleles sin capacidad ni conocimiento se convierten en déspotas que imponen su criterio a como dé lugar. Eso debiera obligar a la sociedad a ser más puntillosa para exigir el respeto a la legalidad y a una verdadera certeza jurídica, pero no sólo aquella que me consagra a mí mis derechos, sino la que parte de la aplicación correcta de la ley para impartir justicia sin interferencias ni manoseos como los que son parte de nuestro perverso sistema.
Es una pena lo que se ve en el horizonte, pero vale la pena recordar bien quiénes han estado atrás de este descalabro para que no vengan luego con lloriqueos a quejarse de lo que ellos mismos crearon.
