Factor Méndez Doninelli
En Guatemala, los megaproyectos neoliberales de capital privado nacional y transnacional, ligados a la construcción de hidroeléctricas y a las actividades de exploración, extracción y explotación minera, siguen provocando conflictividad social.
Las protestas más recientes, fueron las manifestaciones y bloqueo de carretera, en contra de la hidroeléctrica Inversiones Pasabién, a la que se señala de la apropiación indebida e ilegal de más de 5 mil 600 M2 pertenecientes a la reserva natural del Estado, impedir a los pobladores el acceso al agua y negarse a suscribir acuerdos con diez comunidades que buscan evitar que se perjudique a sus habitantes por vedarles el paso a las fuentes hídricas que han utilizado históricamente.
Las diez poblaciones de la subcuenca del río Pasabién, afectadas por las acciones de la citada hidroeléctrica que les cerró el paso a las presas y tanques de captación son: Santa Cruz, Ojo de agua, Santa Rosalía, Mármol, Arenera, Puente de mármol, La Ceibita, Sunzapote, Lo de Mejía y Pasabién. El Gobernador departamental Misael Granados, preside una mesa de negociación en la que participan los comités de agua de las citadas comunidades, los Cocodes, la Municipalidad y otras instituciones. Se espera que la mesa alcance acuerdos que satisfagan a los que intervienen en la controversia, es decir, gana-gana.
Por otra parte, cuando me encontraba en El Estor, Izabal cumpliendo responsabilidades laborales, presencié parte de las protestas encabezadas por pobladores de ese municipio en contra de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, por no haber consultado previamente a las comunidades y porque la Corte de Constitucionalidad ordenó suspender las operaciones de la misma y esta continuó funcionando pese a la resolución de la alta Corte.
Hubo bloqueo de carreteras, quema de llantas y el paso para entrar y salir de la población estuvo cerrado todo el día, vigilado por pobladores locales, las mujeres con garrotes portando pancartas con mensajes de protesta, los hombres con machetes desenvainados.
Al final de la jornada, fueron incendiados ocho camiones cargados con material extraído de la explotación minera. En este caso, es notoria la responsabilidad que tiene la citada compañía minera, así como legítimo el reclamo de los pobladores. Estando en El Estor, cualquier persona puede verificar el daño ambiental, deforestación y alta contaminación que está provocando la actividad minera en ese municipio de Izabal.
El descontento y la conflictividad social manifestada en Santa Cruz, Zacapa y en El Estor, Izabal, se genera porque el Gobierno y las autoridades no escuchan y tampoco atienden en su momento las demandas de las comunidades afectadas, asentadas en el área de influencia de tales proyectos.
Al contrario, la lucha de las comunidades se criminaliza, la organización comunitaria se reprime y los líderes sociales son víctimas de privación de libertad, persecución y ejecuciones extrajudiciales.
La inacción e indiferencia de las autoridades, provoca que las luchas de resistencia de las comunidades sean legítimas y legales, tienen muchas décadas de estar defendiendo el respeto a sus Derechos Humanos DD. HH., al territorio, al entorno y a los procedimientos establecidos en convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala, entre otros, el derecho a ser informados y someter a consulta popular los proyectos de esa naturaleza, porque las consecuencias para la gente son negativas y los daños económicos, sociales y ambientales son irreparables e irreversibles.
