Adrian Zapata

zapata.guatemala@gmail.com

Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

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Por: Adrián Zapata
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En Guatemala se ha producido la simbiosis política perfecta: la soberbia injerencia imperial y el denigrante entreguismo de un gobierno lacayo y del cobarde empresariado nacional.

Trump está encolerizado porque Jimmy Morales no pudo firmar el lunes 15 del mes en curso el convenio sobre la declaración de Guatemala como Tercer País Seguro. Hace pocas horas amenazó con cobrar aranceles a los productos que Guatemala exporta a los Estados Unidos y gravar las remesas que envían los migrantes. Y luego, Mauricio Claver-Carone, el principal asesor para Latinoamérica del presidente Trump, en una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE, advirtió sobre acciones que la Casa Blanca podría tomar para afectar a “aquellos miembros del Congreso de Guatemala que estén a propósito intentando no ejecutar un acuerdo que sería beneficioso para los dos países…”.

El presidente Morales, orquestado por la Cámara del Agro, la Cámara de Industria y el propio CACIF, vilipendiaron a la Corte de Constitucionalidad, CC, por su resolución que evitó que el Presidente firmara el acuerdo de “Tercer País Seguro” con los Estados Unidos. El argumento de la CC es que el artículo 171 de la Carta Magna establece que corresponde al Congreso aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional que afecten el dominio de la nación u obliguen financieramente al Estado. O sea que ese coro tripartito en lugar de protestar por la prepotencia imperial de Trump y las declaraciones injerencistas de su asesor Claver-Carone que amenaza a los diputados si no colaboran con ratificar ese posible acuerdo, lo que manifiestan es su condena a la CC.

Las declaraciones de los empresarios son, a mi juicio, un aval a las aspiraciones de Trump y de Morales, de firmar dicho acuerdo. No se atreven a cuestionarlo, no lo tocan “ni con el pétalo de una rosa”; prefieren arremeter contra la CC, culpándola por lo que el señor Trump quiere hacerle al país.

Ahora bien, tampoco podemos dejar de intentar ser serios en el análisis y quedarnos con la argumentación panfletera contra el “imperialismo norteamericano” y el aterrador servilismo empresarial que acompaña el entreguismo de Jimmy Morales. Efectivamente, no es poca cosa lo que está diciendo Donald Trump. Esos gravámenes a las remesas y esos aranceles a los productos que exporta Guatemala hacia los Estados Unidos sin duda tendrían efectos graves para la economía nacional y, de una u otra manera, afectarían los intereses de los pobres y excluidos, ya que podrían perder sus empleos.

El gravamen a las remesas es una puñalada al corazón de los migrantes y sus familias que las reciben. Los aranceles disminuirían la competitividad de los productos guatemaltecos y, por ende, afectarán no sólo a los empresarios, sino que también, como ya lo dijimos, podría dejarse sin trabajo a quienes laboran para ellos.

También es cierto que los Estados Unidos y Guatemala deben trabajar juntos frente al problema de la migración no deseada, para lo cual es fundamental convertir los territorios expulsores de migrantes, en territorios desarrollados.

Pero estas amenazas, si se concretan, el efecto sería que los pobres continúen buscando en los Estados Unidos lo que sus lugares de origen les niegan. La migración se incrementará.

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