Por Jorge Santos
Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala –Udefegua–, durante el 2018 se asesinaron a 26 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales seis eran miembros del Comité Campesino de Desarrollo –Codeca–. Asimismo, en lo que va del año, otros seis miembros de la organización campesina han sido asesinados y existe una importante cauda de criminalización. No cabe la menor duda que este incremento de la violencia y terror particularmente contra Codeca, va de la mano de una estrategia de difamación y calumnia contra sus miembros. Sólo la semana recién pasada un diario impreso en su primera página, anunciaba falazmente que el costo del robo de energía sería trasladado al cobro que mes a mes realizamos las familias.
Al día siguiente de esta maliciosa nota impresa, la Comisión de Energía Eléctrica, que regula el precio de la luz en el país, salió anunciando que ellos no habían aprobado tal incremento y que la versión del traslado al consumidor final, era falso. Esta publicación es sólo una pequeña muestra de la campaña de estigmatización y discurso de odio que contra Codeca comenten funcionarios, empresarios y otros miembros de las elites en el país. A su vez y mientras esta ola de represión sucede, el Ministerio Público aporta su cuota, al no poder o no querer esclarecer los hechos que detrás de cada uno de estos asesinatos suceden y con ello suma a un impunidad que se convierte en la licencia para seguir difamando, mintiendo, estigmatizando, matando.
Y es que durante años, la expoliación a la población ha sido el denominador común de una inversión privada, que sobre la base de contratos leoninos y abusivos, ha cobrado lo que le viene en gana por distribuir la energía eléctrica en Guatemala. Desde el momento, en el que el proyecto económico y político que mantiene secuestrado al Estado guatemalteco, decide privatizar la distribución de la energía y con ello servir en bandeja de plata, a la empresa monopólica que está detrás de este abuso, las condiciones para que a través del cobro excesivo y absurdo de la energía eléctrica se den, fue prácticamente la moneda de cambio, bajo la cual se vendió y privatizó este importante servicio.
Es decir, que esta estrategia y política de represión contra las comunidades y organizaciones, que como Codeca resisten a la imposición de precios abusivos, por la distribución de la energía eléctrica, está fundamentada sobre el falaz argumento que son los pueblos, las comunidades y las personas que roban energía eléctrica o realizan hurto de fluidos, cuando en realidad son las empresas, que están cometiendo un robo descarado, no sólo al haber adquirido la posibilidad de distribución a precios absurdamente baratos, sino que además amasando fortunas, sobre la base de la pobreza de la población guatemalteca. Con ello, los ladrones, abusadores del poder y expoliadores y los que debiesen estar siendo perseguidos penalmente por sus abusos son estas empresas que distribuyen la energía eléctrica.
