Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Desde su creación, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala fue logrando sólidos avances para ayudarnos a la construcción de un verdadero Estado de Derecho en el que la aplicación de la ley sea la mejor garantía de la necesaria igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, cumpliendo con la intención que se tuvo cuando nuestro país solicitó a Naciones Unidas la ayuda para enfrentar uno de los peores vicios de la realidad nacional. Con los casos en contra de la corrupción se dieron los mayores avances, aunque no se puede descartar el intenso trabajo que se hizo para denunciar y evidenciar la forma en que los poderes paralelos influyen en la conformación de las Cortes. Y es que a partir de 2015 empezaron a ser sentados en el banquillo de los acusados personajes que por historia y tradición jamás pensaron en tener que enfrentar la justicia.
Aún con prisión preventiva, los acusados se han esmerado en entorpecer los procesos con tácticas dilatorias que no tienen otro fin que el de hacer tiempo en la espera de condiciones más favorables, mismas que se veían venir con el fin del mandato de la CICIG y el rescate que las mafias hicieron del Ministerio Público.
Por ello es que no puede causar sorpresa el desenlace que están teniendo casos emblemáticos de la lucha contra la corrupción, como el conocido como IGSS-Pisa, en el que se contrataron servicios de hemodiálisis que terminaron no sólo generando asquerosas comisiones, sino la muerte de varios pacientes por la calidad de los servicios contratados. Poco a poco se fueron estableciendo arreglos extrajudiciales con las víctimas de manera que al final no quedara ninguna denuncia penal por la muerte de alguien y se pudiera afirmar, con cinismo y desfachatez, que los entes acusadores no lograron probar que hubiera muerto alguna persona como consecuencia del sucio negocio.
El gobierno de Jimmy Morales pasará a la historia como el responsable de la reconstrucción del imperio de la impunidad en Guatemala porque no sólo se encargó de articular un amplio pacto de corrupción para proteger a todos los sindicados, sino que además fue el ejecutor de las acciones concretas para devolvernos a la realidad existente hasta antes de abril de 2015, cuando el destape del Caso La Línea marcó un hito en la historia del país. Contando con el valioso concurso de las élites que tanta raja le han sacado no solo a la corrupción sino a la impunidad, logró desarmar la única institución nacional que abierta y decididamente se puso a luchar en contra de la impunidad, nombrando a la fiscal Consuelo Porras para que el Ministerio Público volviera por sus eternos fueros de tapadera de la podredumbre de los poderosos.
Ya hemos visto cómo uno a uno se van cayendo los casos de corrupción en los que, con mucho esfuerzo, se pudieron aportar las pruebas fehacientes que van mucho más allá de la declaración de testigos. Con prueba científica se fueron armando los casos que ahora se derrumban como castillos de naipes porque los jueces de la impunidad vuelven a tener como aliados a acusadores que no aportan las pruebas con diligencia y seriedad. IGSS-Pisa es apenas de los primeros casos que se caen, como irán cayendo uno tras otro, a partir del triunfo del Pacto de Corruptos en medio de la indiferencia ciudadana.
