Wálter Juárez Estrada
La sombra negra de un supuesto fraude denunciado por grupos pro gobiernistas y los relegados a los últimos lugares de las desordenadas y cuestionadas elecciones generales del 16 de junio, tendrá que ser investigado por el Ministerio Público, para desvanecer las dudas, el Tribunal Supremo Electoral, reivindicarse con la población, asumir el rol que le compete de acuerdo con la Constitución, su ley específica y determinar si las Juntas Electorales y los que integraron las mesas receptoras de votos, pudieron haber manipulado los resultados, si “hubo error humano” en la tabulación de la información para alterar los votos en favor de la UNE.
El TSE ha sentado un funesto precedente, al autorizar que fiscales de los partidos políticos que participaron en la contienda, tengan acceso al área donde están y son cotejados los votos, porque “son juez y parte”; extraña también que los diputados de la Comisión de Asuntos Electorales cuestionan a los jueces electorales, quienes se negaron a acudir a la cita de los legisladores, quienes demandaron la comparecencia del director de informática Gustavo Castillo, para despejar las dudas que tienen los congresistas, quienes son parte en el problema electoral, que se ha tornado “una ruleta rusa” que todos –sin excepción–, quieren llevar agua a su molino.
Es obligación del órgano electoral dirimir la controversia que ha surgido en este enmarañado proceso electoral, sobre los magistrados recae toda la responsabilidad del evento. Tendrán que trabajar contrarreloj, el tiempo es el peor enemigo y resolver a marchas forzadas de acuerdo con la ley y la sana crítica razonada, las impugnaciones por los que aseguran que “hubo mano de mono” para manipular los votos, es obligación del Ministerio Público, profundizar en la serie de cuestionamientos que han sido denunciados por varias vías por los perdedores, quienes si se sienten agraviados, tienen el derecho de presentar las pruebas y facilitar la investigación que hace el MP, que debe actuar con arreglo a derecho y dar a conocer a la población el decomiso que hizo del allanamiento que realizó en las oficinas electorales de la zona 13.
Son pocos días que tienen las autoridades para resolver las acciones que han sido promovidas por los perdedores, quienes de ser adversas sus peticiones tienen el camino allanado para recurrir a los órganos jurisdiccionales, que da lugar se entrampen las resoluciones, atrasando la adjudicación de las diputaciones y las corporaciones municipales, dándose por seguro que tendrán que alargarse la fecha prevista para el 11 de agosto para la segunda vuelta, siendo esto un hecho notorio por las razones relacionadas.
Pero es interesante que se enjuicie a quienes son directamente responsables de este enredado proceso electoral, especialmente a la candidata Torres, que ha comprado votos, haciendo ofrecimientos que nunca podrá cumplir, si logra su ambición que por años, le ha quitado el sueño.
