Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Esta mañana se inició el plan para dar el manotazo al proceso electoral y el Fiscal Interino de Delitos Electorales fue instruido por la fiscal general, Consuelo Porras, para allanar las instalaciones del Centro de Informática del Tribunal Supremo Electoral. Curruchiche dijo cínicamente que decidieron actuar de oficio con base en lo que se ha publicado en las redes sociales, sin mencionar que esas redes están dominadas por los netcenters del Pacto de Corruptos que pretenden desconocer el resultado electoral para permitir que el gobierno de Jimmy Morales promueva la anulación de las elecciones y la destitución de los magistrados del TSE.
Diligentemente, siguiendo lo que dicen los netcenteros, Curruchiche y Porras decidieron iniciar de oficio una investigación que, por cierto, no hicieron cuando la prensa y las cuentas no falsas de las redes sociales denunciaron y probaron que se estaba pagando a los ex-PAC en una descarada compra de votos realizada por las autoridades del MAGA para promover apoyo al candidato oficial.
Hay abundantes razones para desconfiar de lo que haga el Ministerio Público que se ha mostrado como eficiente servidor no sólo del gobernante sino de todo el pacto que han hecho los corruptos para acabar con los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero en este caso están demostrando a las claras que no sirven a los altos intereses de la ley y la justicia, sino a los planes que vienen elaborando para dar un manotazo a un proceso electoral que ha sido enredado de principio a fin y justamente con la valiosísima ayuda de la fiscal Consuelo Porras que fue decisiva para apuntalar algunas candidaturas y para escabecharse otras que resultaban peligrosas para la subsistencia del régimen de impunidad en el país.
Se ha dicho que hasta los abyectos compromisos que se quieren suscribir con Estados Unidos para colocar a nuestro país como un lugar seguro para los migrantes que serían ubicados aquí en campos de concentración es parte de un plan para lograr el aval del gobierno de Trump a cualquier desaguisado que se disponga hacer el gobierno de Morales para perpetuarse en el poder. El plan inicial era comprar los votos con millonarias erogaciones, pero ni eso sirvió para que la gente diera su voto a Galdámez, y ante la disyuntiva de quedar pronto sin inmunidad se elaboran otras siniestras acciones que pasan por la anulación de las elecciones y la prolongación del período del actual gobernante quien “se vería obligado a seguir en el puesto” ante la postergación electoral y la necesidad de iniciar un tardado proceso para elegir nuevos magistrados del TSE que se hagan cargo de la futura elección.
Lo de hoy, usando como argumento que es una investigación de oficio basada en lo que se dice en redes sociales, es una burda patraña y hay que destacar la crasa y abierta responsabilidad que tiene la fiscal general Consuelo Porras en esta jugada que tiene los más aviesos fines y que la ciudadanía debe rechazar.
