Walter Juárez Estrada
Quienes se consideren afectados con el resultado que les fue adverso para conformar las corporaciones municipales y el Congreso, deben hacer uso de los medios legales y no coaccionar a las autoridades electorales con marchas y bloqueos; es censurable las declaraciones del presidente Morales y el vicepresidente Cabrera, al dudar de la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral, que originó el desborde de protestas y marchas contra las juntas electorales y quienes integraron las mesas receptoras de votos, el mandatario debe conocer la Constitución que dice que el Presidente es “jefe de la unidad nacional y no está sujeto a partido político alguno.”
El TSE admitió que en algunos lugares hubo errores en el cotejo de las actas de cierre, que se ordenó sean corregidos en presencia de fiscales de los partidos, quienes pidieron la remoción del director de informática Guillermo Castillo, que de ser enmendados tales instrumentos, pude provocar un brusco cambio en la integración de las corporaciones municipales y el Congreso, es aconsejable que los inconformes desistan de sus luchas callejeras y se sujeten a lo que resolverán las autoridades. No es correcto que se grite a los cuatro vientos que hubo fraude, porque se pone en duda un proceso que si bien desde un principio tuvo errores, en el camino se enmendaron, que creó incertidumbre y desconfianza en más de 8 millones de ciudadanos aptos para votar.
De acuerdo con lo que han denunciado los candidatos presidenciales y sus dirigentes, el error se originó en la poca capacidad del personal que fue contratado para digitalizar los resultados a la hora del cierre de la votación, hecho que se le atribuye a las juntas electorales, cuya labor no “fue gratis” porque recibieron compensación económica como ha sido en los anteriores eventos. Las anomalías estaban en el cotejo de datos y las actas de las mesas electorales, inconformes quemaron urnas, se robaron actas y papeletas, que de no enmendarse esa anomalía, puede dar lugar a que la duda siga flotando en el ambiente.
Los días previos a la convocatoria a la segunda ronda para conocer quién será el próximo presidente, será de una lucha férrea entre los que lograron alcanzar la preferencia electoral, se da por hecho que la campaña negra será la que marque la pauta. Las autoridades del Ministerio Público están obligadas a actuar, no es con falsedades y acusaciones que se llega a la más alta representación nacional y no hay que olvidar que hace cuatro años hubo sorpresas y un voto de castigo contra quien se lanzó por segunda ocasión al ruedo, a pesar que hay graves acusaciones en su contra, tiene cooptado al Organismo Judicial y a otras autoridades, proclive a la relección de los magistrados de las Cortes y otras entidades que nadie debe aceptar, sería seguir con lo mimo.
Las autoridades están contra la pared y tendrán que resolver de manera inmediata las impugnaciones, porque se llegará al 11 de agosto para la segunda ronda, sin dirimir las objeciones de los inconformes y eso dará lugar a otro conflicto mayor, que nadie podrá frenar a tiempo.
