Todo indica que Guatemala asumirá el papel de Tercer País Seguro, término que define la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados, suscrito en Naciones Unidas en 1951 sobre el concepto de “no devolución”, lo que haría que quienes soliciten asilo a Estados Unidos serían enviados a Guatemala en tanto se define su situación y nuestro país no podrá enviarlos de vuelta a su lugar de origen. En otras palabras, el sometimiento ante el gobierno de Trump para que se le sigan tolerando los abusos de corrupción al régimen en Guatemala (como la burda compra de votos con dinero público), llega al extremo de que con todo y nuestras ya graves penurias, terminemos siendo lugar a donde van a parar finalmente y a saber por cuánto tiempo, las caravanas de migrantes.
El Estado que se convierte en Tercer País Seguro no sólo asume la responsabilidad de no devolver a los inmigrantes que le lleguen sino que además tiene que garantizarles seguridad y proporcionarle donde vivir, comida, atenciones de salud y toda una serie de garantías mínimas que se establecen en la convención que ha sido ratificada por 145 países, pero que sería la primera vez que se implementa en América.
El gobierno de México, que se la jugó para satisfacer a Trump, no llegó al extremo de asumir el papel de Tercer País Seguro y se limitó a reforzar la seguridad en su frontera con Guatemala. Washington le ha presionado, pero con todo y la amenaza de subir los aranceles, no llegó a comprometerse en ese delicado asunto por todo lo que implica. Pero Guatemala, donde según la declaración del Ministro de Gobernación no hay ninguna razón ni económica ni de seguridad para que la gente emigre, está a punto de convertirse en el refugio de cientos de miles de personas de Honduras y El Salvador que serían retenidas en la frontera con México por la presencia de seis mil efectivos militares mexicanos para impedir su paso, y tendrían que hacer la gestión de refugio o asilo desde aquí. Se ha dicho que es tal la carga que tienen las autoridades de Estados Unidos que esas gestiones no se resuelven en menos de un año, tiempo en el que Guatemala tiene que garantizarles la estadía a los refugiados.
Increíble el daño que están dispuestos a hacerle al país y a sus habitantes, de por sí muertos de hambre, con tal de seguirse poniendo de alfombra con el gobierno de Estados Unidos para que les siga avalando la política pro corrupción que mantiene el gobierno chapín.
