Desde los tiempos del Frente Republicano Guatemalteco los ex Patrulleros de Autodefensa Civil se convirtieron en una fuerza electoral que, bien estimulada, sirvió a los intereses de ese partido político mediante el cual lograron acuerdos que se tradujeron en bonos en efectivo que, por supuesto, siguen teniendo esa visión clientelar con efecto en los procesos electorales. Y mientras a lo largo de los tres años de gobierno de Jimmy Morales la asignación presupuestaria para el pago a los patrulleros rondaba por los quince millones de quetzales, en este año electoral de manera mágica se erogó, a la puerta de los comicios, nada más y nada menos que más del triple de esa cantidad, lo que se suma a la forma en que se viene manipulando el tema de los exsoldados a quienes han endulzado la boca con el ofrecimiento de 85 mil quetzales para cada uno de ellos.
Con razón los candidatos presidenciales se han alarmado por esas acciones y movimientos que constituyen un esfuerzo por comprar votos al más tradicional estilo de la política en Guatemala porque mientras a unos les entregan el dinero en efectivo días antes de la elección, a los otros se les deja saber que la decisión final será tomada después de la primera vuelta, precisamente para saber si los exsoldados cumplieron con su parte en el trato.
Las formas de manipular los resultados electorales y hacer fraude son distintas y no se limitan sólo al escamoteo de los votos a la hora de hacer los cómputos. Hay experiencias abundantes de cómo el clientelismo se ha adueñado de una política que gira alrededor de inversiones millonarias más que de compromisos serios y creíbles con la población y en esta oportunidad se está recurriendo de forma grosera a los recursos del erario para proceder, de manera burda y descarada, a la compra de votos.
Por supuesto que el Tribunal Supremo Electoral no tomará acción alguna porque, de todos modos, el daño ya está hecho y sus consecuencias se verán hasta que se tenga el resultado de las votaciones. Pero eso no implica que no se denuncie y se señale la actitud dañina para la transparencia de un proceso que ha estado marcado por anomalías por donde se le quiera ver, precisamente porque se trata de una elección crucial para la vieja política que tiene que asegurar el control de las instituciones para continuar con la tradición de saqueo del erario y aprovechamiento de oportunidades para otorgar privilegios a los financistas.
