Félix Loarca Guzmán
La actual campaña electoral con motivo de las Elecciones Generales convocadas en Guatemala para el próximo 16 de junio se ha caracterizado por muchas cosas, entre ellas las impugnaciones legales y la judicialización de algunas de las candidaturas presidenciales.
Asimismo, se ha acentuado y se está extendiendo una profunda decepción electoral entre el electorado que ya no cree en el sistema de elecciones del sistema capitalista, pues solo ha servido como escalera a una clase política corrupta que no vela por los intereses del pueblo, sino solo por los intereses de sus integrantes.
Un denominador común es que muchos ciudadanos están convencidos que en estas elecciones no se van a atender las legítimas aspiraciones del pueblo, que fundamentalmente busca mejores condiciones de vida y en general el respeto a los derechos humanos.
Uno de los aspectos que más preocupa es el clima hostil que existe en contra de la prensa de Guatemala, especialmente de parte de algunos sectores del oficialismo.
La prestigiada organización internacional Reporteros Sin Fronteras, (RSF), y la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, emitieron un amplio pronunciamiento expresando su preocupación por el futuro incierto para la libertad de expresión en nuestro país, de cara a las próximas elecciones.
Las dos entidades señalan que los periodistas de Guatemala se enfrentan a un escenario hostil para ejercer libremente su labor, caracterizado por la pasividad de los órganos de seguridad pública ante los casos de violencia registrados en contra de los comunicadores y la indiferencia del actual presidente Jimmy Morales, quien “durante los últimos tres años se aprovechó constantemente de sus alocuciones públicas para atacar y generar animadversión hacia la prensa nacional”.
RSF y la APG, dicen que el momento convulsivo que atraviesa el país hace temer que estos actos, así como la utilización del derecho penal, las campañas de desprestigio en redes sociales y los ataques a páginas web, se repitan durante los próximos meses.
Las dos entidades periodísticas subrayan que funcionarios y políticos locales emplean diversas acciones para atacar a la prensa e intentar silenciar las publicaciones, críticas o investigaciones que puedan comprometer sus aspiraciones de poder. Estas acciones van desde la compra masiva de periódicos en determinadas zonas, hasta atentados contra periodistas y el cierre de noticieros en medios locales.
El comunicado señala que la censura y la autocensura continúan siendo una de las principales problemáticas para la prensa en los departamentos. Frecuentemente, los comunicadores evitan indagar o publicar temas relaciones al crimen organizado, malversación de fondos o actos ilícitos en instituciones públicas debido a las repercusiones que pudieran sufrir ellos o sus familias.
