Wálter Juárez Estrada
La Constitución y la Ley del Organismo Judicial taxativamente prohíben a los funcionarios de esa entidad, participar en política, culto religioso o de cualquier índole, pero en la práctica eso no es verdad, en razón que jueces y empleados administrativos, se postularon para cargos de elección popular en los comicios del 16 de junio, lo que obliga al Ministerio Público actuar de oficio, enjuiciar a los violadores de la Carta Magna y la ley de la carrera judicial y el Registro de Ciudadanos cancelar la inscripción de los aspirantes.
La fiscal general Consuelo Porras, destituyó a un fiscal y a empleados de menor rango, tras conocer que dichos laborantes se postularán a cargos de elección. Pero pareciera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no conocen la ley o consienten que jueces y otros laborantes del organismo, participen abiertamente en política partidista, públicamente se demanda de los magistrados del máximo tribunal no apadrinar candidaturas políticas las leyes lo prohíben y de no actuar de “hecho” están avalando una violación a las leyes. De recordarse que los magistrados de tal institución, fueron electos en un proceso viciado por diputados de los expartidos PP y Lider y del enjuiciado abogado López Villatoro “Rey del Tenis”.
El MP está obligado a abrir las investigaciones pertinentes demandando la cancelación de las inscripciones de Eddy García García, quien se desempeña como juez de paz de Chiquimulilla, Santa Rosa, postulado como síndico de esa corporación, sobrino del presidente del OJ, Néster Vásquez, Nery Patzán juez de primera instancia de Nebaj, Quiché, candidato a diputado del partido que postula a Giammattei, Ramón Carcuz Castañeda oficial del juzgado de la niñez y la adolescencia de la capital candidato a diputado casilla 3 del Partido Unionista por el Distrito de Alta Verapaz. A esa nómina se adhieren a otros aspirantes, por razón de espacio, no la trascribimos y obliga al ente electoral, establecer esos extremos, las leyes prohíben a funcionarios y empleados de los órganos de justicia vincularse a la política.
La administración de justicia “abiertamente se ha politizado, haciendo favores encubiertos a políticos, caso concreto de la aspirante presidencial Sandra Torres, al recibir la consigna que apoyará la reelección de los magistrados de Sala de Apelaciones y CSJ, por ninguna razón debe permitirse por no ser idóneos, con muy pocas excepciones, hay jueces honrados y no sufren de “estulticia” –falta de capacidad mental-, como los magistrados relacionados.
El proceso electoral sigue cuestionado por la serie de impugnaciones contra candidatos de elección popular que obtuvieron su finiquito de manera anómala mediante sobornos en las CGC hechos que deben ser investigados y sancionar a los culpables. Por imperio legal el Organismo Judicial, debe dar una explicación pública por qué consintió la participación de su personal en política, porque los prohíben las leyes, de no hacerlo estarían cometiendo una colisión a la Constitución y la ley del OJ. La sociedad civil debe pronunciarse para sentar un precedente.
