Tras eliminar en tres días a las dos rivales de Sandra Torres, la Corte de Constitucionalidad ha postergado conocer la apelación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en contra de la resolución que, sin trámite alguno, declaró sin lugar el antejuicio en contra de la candidata de la UNE, no obstante los audios en los que se le escuchaba pactar con Gustavo Alejos millonadas de financiamiento ilícito.
El vocero dijo que el expediente es muy voluminoso y por lo tanto tomará tiempo, no obstante que la semana pasada habían anunciado, muy formalmente, que para el lunes se conocería el Caso de Zury Ríos y el miércoles los de Thelma Aldana y Sandra Torres. La explicación que se ofrece resulta poco convincente y la Corte de Constitucionalidad, por principio, debe resolver el caso de la candidata de la UNE sin más dilaciones que puedan generar dudas en la ciudadanía.
Desde que se tomó la decisión de expulsar a la CICIG y al comisionado Iván Velásquez para atajar los esfuerzos contra la corrupción, empezó a funcionar un bien estructurado pacto en el que participan no sólo los exponentes de la vieja política sino también las élites del país que se vieron acorraladas cuando se empezaron a destapar los casos de cooptación del Estado. Y, por supuesto, ese pacto no perseguía únicamente dejar sin dientes al MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, sino el regreso a un pasado en el que hacían micos y pericos sin el menor temor a ser agarrados con las manos en la masa y para ello es indispensable retomar el poder y mejor si ello se hace con alguien que está dispuesta a silenciar cualquier investigación y cualquier voz opositora, aunque sea mediante la incorrecta aplicación de la Ley de “Femicidio”.
Por supuesto que existe una o varias figuras que constituyen el Plan B porque si bien Torres puntea, no se puede descartar que nuevamente el voto de rechazo la deje fuera de la contienda, pero de entrada y ante el escenario que se ha despejado en esta semana con la eliminación de sus principales rivales, es natural que se le vea como favorita.
Pero la CC no debe actuar al margen de lo proyectado por ellos mismos, puesto que no se puede generar la sensación de que de alguna manera haya la intención de beneficiar a la señora Torres postergando su caso, sobre todo tomando en cuenta el antecedente de lo que hizo la Fiscal General al no permitir que fuera presentado hasta mientras no tenía sus credenciales que le otorgaron temporal inmunidad.
