En La Hora hemos expresado que nos parece impropia la norma constitucional que prohíbe para siempre a los parientes legales de los caudillos de un Golpe de Estado aspirar a la Presidencia de la República, por lo que hemos dicho que dentro de las reformas que necesita nuestra Constitución está precisamente la referida prohibición. Pero entendemos que si bien es una disposición injusta, tenemos que reconocer su vigencia y por lo tanto su aplicabilidad. Una norma Constitucional no se deroga simplemente porque no ha sido cumplida en alguna ocasión, como argumentan quienes dicen que si ya fue candidata una vez lo puede ser siempre, puesto que el error o una resolución maliciosa en contra de la Constitución no pueden ser fuente de derecho.
Era el Caso Zury Ríos el más sencillo que tenía entre manos la Corte de Constitucionalidad en esta semana decisiva para el futuro electoral, puesto que no hacía falta mayor análisis para encuadrar su caso en lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. A partir de ahora las aspiraciones políticas de la señora Ríos tendrán que pasar por un movimiento que busque la reforma constitucional que elimine la expresa prohibición que pesa en su contra y sin duda que tendría un enorme respaldo cualquier iniciativa para derogarla.
Por el momento el camino de la señora Ríos lo fijó ella misma al decir que acudirá a instancias internacionales para hacer valer su derecho humano a ser electa sin que discriminación alguna perjudique el ejercicio de tal derecho. Ya se sabe que en materia de Derechos Humanos el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno y ahora solo quedará conocer los argumentos porque quienes más alegaban injerencia ahora recurren a una instancia internacional.
Pero debe entenderse que los derechos nunca son absolutos y tienen, siempre, contrapartidas o limitaciones que los juzgadores, nacionales e internacionales, tienen que tomar en cuenta. Los menores de cuarenta años, por ejemplo, no pueden aspirar a la Presidencia y por injusta que pueda parecer la norma contra la mayoría conformada por la juventud en nuestro país, se debe acatar y no vemos a ningún órgano internacional revocando tal disposición constitucional, como tampoco revocarían la que exige la condición de guatemalteco natural que margina a los no nacidos en el país.
Pero al menos es sano saber que no habrá otro Jueves Negro como el que se usó para presionar por la inscripción del mismo general Ríos Montt y que se ha escogido el curso legal.
