Por: Adrián Zapata
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A menos de cuarenta días que se efectúen las elecciones generales, la democracia guatemalteca ha sido lesionada. No quiero ser fatalista al utilizar este adjetivo, porque de ninguna manera quiero afirmar que nuestra democracia ha fracasado. Pero la judicialización de la política ha tenido un efecto dramático sobre ella.
El sustento de mi juicio sobre la afectación negativa a la democracia es que este régimen define la naturaleza del procedimiento para la lucha por el poder, sea para conquistarlo o mantenerlo. Pero, además, esta dimensión procedimental (que no es la única que la caracteriza) sirve, fundamentalmente, para convencer a la ciudadanía sobre el planteamiento programático que se pretende impulsar al llegar al poder, siendo, por lo tanto, éste un medio en función del contenido que se reivindica. Esa es la política que se puede y debe realizar en la democracia. La persuasión sobre las virtudes del programa que se presenta es parte de su esencia.
En relación con lo anterior, el debate persuasivo debería girar en torno, fundamentalmente, de ese contenido programático.
Pero en esta realidad en que el debate político se ha sustituido por el litigio en las cortes y son ellas las que definirán las principales controversias políticas, la persuasión sobre contenidos programáticos ha desaparecido. La llamada “opinión pública” gira en torno al litigio jurídico, no a la controversia política.
Por otra parte, las tres opciones que encabezan en las encuestas la lucha electoral están cuestionadas legalmente. Y, por lo menos dos de ellas, padecen de incertidumbre sobre lo básico: su posibilidad de participar. Alrededor de estas candidaturas hay un alto porcentaje de ciudadanos que se identifican con ellas. Si la decisión judicial terminara negando su participación, la frustración de dichos ciudadanos será muy grande.
Agregado a lo anterior, el manotazo sobre la mesa que dio los Estados Unidos con la captura del candidato Mario Estrada también es muy relevante. El mensaje es muy claro: la narcopolítica está presente en Guatemala. Las ramificaciones que se deriven de esta investigación, muchas de las cuales seguramente la DEA ya las tiene en las manos, probablemente irán saliendo a luz conforme lo considere pertinente el poder imperial. Esta situación aunque debilita la democracia porque crea decepción en la ciudadanía al darse cuenta del poder que tiene el crimen organizado sobre la política, en el mediano y largo plazo es positiva, porque crea condiciones para avanzar en ir contrarrestando la narcopolítica. Es una coincidencia virtuosa entre los intereses imperiales y los nuestros como guatemaltecos.
Otro elemento importante en esta desafortunada afectación de la política que estamos argumentando es la cantidad de binomios presidenciales que participan. Es un “ramillete” de opciones sin sentido. No hay, objetivamente, posibilidades de tener esa cantidad de opciones político-ideológicas.
Así las cosas habrá que empezar a pensar en control de daños para reparar las heridas que esta judicialización de la política provoca a la democracia guatemalteca.
