Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Yo sostengo que uno de los puntales del Pacto de Corruptos, que no es ningún invento sino una realidad absoluta, es la actual Fiscal General del Ministerio Público, quien con sus actuaciones ha demostrado su compromiso y por ello pienso en la solidez del caso que ayer presentó la CICIG, conjuntamente con la FECI, puesto que de haber tenido fisuras seguramente doña Consuelo lo hubiera entretenido pensando que apenas si faltan ya cuatro meses para que termine el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y que, pasado ese tiempo, el país vuelve a ser el paraíso en donde la justicia se aplica a los pelados y a los enemigos del sistema, pero jamás a los que por su posición de poder pueden burlarse de ella.
Porque no sólo se trata de un golpe muy duro al sistema lo que ayer se explicó, sino que además afecta muy poderosos intereses que se han venido capitalizando desde el momento en que en el gobierno de Vinicio Cerezo se otorgó la primera concesión para que operara la telefonía celular en el país. No es casualidad que el Ministro de Comunicaciones de esa época sea ahora el magnate de las telecomunicaciones en Guatemala, como tampoco lo es que se pudiera negociar con personajes corruptos, como la exvicepresidenta Baldetti, para lograr la aprobación de una ley de observancia general pero de beneficio particular como fue la que llegó a conocerse como “Ley Tigo” por los privilegios que garantizó a esa empresa de telefonía.
Simplemente es el retrato de lo que ocurre en el país y de la forma como opera nuestro Congreso de la República en donde el Poder Legislativo se utiliza para chantajear o para emitir leyes al gusto del cliente. Y por supuesto que un país en esas condiciones no tiene viabilidad y sus habitantes jamás sentirán la presencia de un Estado promotor del bien común porque el mismo cayó bajo el poder y las redes de las influencias económicas que son las determinantes para marcar el rumbo de la legislación.
Algunos dicen que es una perniciosa cantaleta seguir hablando de la corrupción pero hay que ser ciego para no entender el efecto que ese vicio tiene en la realidad del país y en sus expectativas de futuro. En el año 2015 se destapó una olla asquerosa cuyo fétido olor todos conocíamos, pero que deliberadamente se pasaba por alto ante la certeza de que no habría forma de cambiar las cosas. Al ver el resultado del trabajo que realizó la CICIG en ese momento, evidenciando los niveles de podredumbre de nuestro sistema, la gente cobró conciencia de la gravedad pero con habilidad se empezaron a revivir las viejas divisiones entre la sociedad guatemalteca para crear la polarización que ayudó a Jimmy Morales a dar por cancelado el proyecto CICIG.
Hoy revienta un caso que desnuda, como pocos, a un Estado corrupto y capturado por perversos intereses, dejando en claro que entre el narcoestado y el Estado cooptado, los ciudadanos quedamos realmente indefensos.
