La divulgación del caso que el Ministerio Público llamó “Subordinación del poder Legislativo al Ejecutivo, una expresión de la captura del Estado” viene a confirmar las condiciones patéticas en que funciona el Estado de Guatemala porque si somos honestos tenemos que entender que no es la subordinación de un poder a otro, sino la subordinación de todos los poderes ante los grupos de poder que logran la emisión de leyes hechas de acuerdo a sus propios intereses. El Ejecutivo, en este caso, fue intermediario para la realización del soborno que permitió la aprobación de la que acá siempre llamamos “Ley Tigo” porque la misma favorecía los intereses de esa empresa de telecomunicaciones.
Es un nuevo caso que viene a corroborar lo que tanto se ha dicho respecto a la captura y cooptación del Estado de Guatemala que no responde a los intereses del bien común sino que se dedica a cumplirle a quienes sobornan a los más altos funcionarios. Una Ley de Telecomunicaciones con dedicatoria, elaborada precisamente por los mismos que pagaron para su aprobación, no puede ser una ley al servicio de la Nación y eso quedó demostrado por la forma en que fue aprovechada la norma para ventajas a favor de la empresa de telecomunicaciones.
La investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y de la CICIG es una recopilación de la forma en que se operó desde el Congreso de la República para beneficiar intereses particulares. El proceso que se derivará de ese trabajo que permitió documentar la manera en que se produjo el soborno será complejo porque, de entrada, ha de ser diligenciado en un sistema de justicia que no escapa a la cooptación y que tiene su cimiento en las elecciones de magistrados que hace ese mismo Congreso corrupto y vendido al mejor postor.
En este caso emerge toda la podredumbre existente y por ello no sorprende que misiones como la del Fondo Monetario Internacional enciendan las alarmas sobre el problema que para nuestro país es la ausencia de reales consensos en la sociedad. Pero qué consenso puede haber si aquí impera la ley del más pistudo porque todo se mueve al ritmo de los billetes. Por ello no existen políticas públicas, como detectó la misión del FMI, puesto que todo el aparato público está al servicio de espurios y turbios intereses que tienen los suficientes recursos para comprar la conciencia de las autoridades.
Y la persistencia de ese Estado es lo que tantos buscan afanosamente ahora en este peculiar proceso electoral que se vive.
