Víctor Ferrigno F.
El Caso de Mario Estrada evidencia que cada vez que el Ministerio Público (MP) y la CICIG hacen su trabajo aparecen los narcos, los políticos corruptos, los empresarios venales y los militares impunes como los operadores de un enorme cártel que han capturado al Estado, y convierten el erario público y las instituciones en un botín interminable que nutre su insaciable avaricia, a costa de la vida y el futuro de los guatemaltecos.
Hace cuatro años, en 2015, la CICIG desveló las corruptelas sin límite de los políticos deshonestos, lo que dio lugar a un movimiento ciudadano que, como las jacarandas, floreció en abril, como un pálpito de pueblo consciente.
Las capas medias urbanas despertaron y, en alianza con los desheredados de este país, nos tomamos las plazas públicas y desaforamos a la Vicepresidenta primero, y al general genocida después, en una cruzada por la transparencia y la anticorrupción.
Al principio, los diputados del Pacto de Corruptos se rieron, aduciendo que éramos cuatro gatos, hasta que la dimensión del movimiento descabezó al Ejecutivo, asustó a los jueces y arrinconó a los parlamentarios.
Los grandes empresarios defendieron a Pérez Molina hasta el último aliento, pero sucumbieron ante la marea ciudadana y terminaron aplaudiendo a Iván Velásquez y a Thelma Aldana, hasta que las investigaciones los alcanzaron a ellos y los evidenciaron como delincuentes de cuello blanco, cómplices de los corruptos. Perseguidos todos, se quitaron las máscaras, hicieron pacto de mafiosos y se lanzaron contra la CICIG, los jueces probos, los líderes sociales, la prensa honesta y los organismos internacionales.
Aunque la ciudadanía sabía de la podredumbre, la CICIG y el MP nos sorprendieron al evidenciar la dimensión, el alcance y la profundidad del fenómeno, que llega a unos diez mil millones anuales. No hubo ámbito del Estado que no estuviera infectado de corrupción: diputados, jueces, ministros, funcionarios, empresarios, militares, líderes sindicales, oenegeros, artistas y hasta religiosos resultaron embarrados.
El financiamiento electoral ilícito resultó una veta muy relevante de esta podredumbre, constituyéndose en “el pecado original de la democracia”, como lo denominó el Comisionado Velásquez. Y no se equivocó, pues toda la institucionalidad republicana tiene su origen y legitimidad en el poder soberano, aquél que no reconoce sobre sí a ningún otro poder, el cual radica en el Pueblo, quien lo ejerce al elegir gobernantes y diputados. Al viciarse el sistema político, se invalida la soberanía popular, el Estado se deslegitima, y la democracia degenera en simulación y falsía.
El movimiento ciudadano le costó la Presidencia a Manuel Baldizón quien, junto al Fantasma, ahora han delatado a sus cómplices, como lo hicieron Juan Chamalé y Marllory Chacón. En esa misma tesitura, la captura de Mario Estrada ha evidenciado el arraigo de la narcopolítica y el sicariato en Guatemala.
Pero la UCN no solo se nutrió de politicastros, sino también de empresarios de postín, que deberán aclarar su complicidad con Estrada. El renombrado arquitecto Mauricio Urruela y el ex presidente del CACIF, Antonio Malouf, no pueden alegar ignorancia, pues el narco financiamiento de la UCN era conocido desde hace rato.
El gobierno de la UNE le dio escoltas y protección a Estrada; Zury Ríos lo cobijó en su curul, y Edwin Escobar y Jimmy Morales volaban en el helicóptero del narco.
Ahora que está preso, los cómplices de Mario Estrada lo aborrecen, pero aún falta conocer las delaciones del jalapaneco, para saber hasta dónde llega la narcopolítica y su complicidad con los empresarios venales.
