Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Porque mucha gente llegó a saber que se investigaba a profundidad y eso significaba tener que enfrentar la justicia en condiciones jamás pensadas en el país para personas poderosas o sectores influyentes, en junio del 2016 se materializó lo que algunos de la vieja guardia dijeron en abril del 2015: esto no va a terminar bien si tienen la capacidad de investigar un negocio de las más altas autoridades y debemos encontrar la forma de pararlo.
Y desde ese entonces, trabajaron de manera imparable hasta lograr que el 7 de enero de este año, Jimmy Morales decidió tirar por la borda lo que habían negociado entre Naciones Unidas, Estados Unidos y el Gobierno en torno a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reformada y decidieron hacerlo porque aún reformada iba a continuar el miedo de los mafiosos pues no habría control sobre los casos.
Han trabajado todo un esquema para vender por qué debemos seguir sin la CICIG y han puesto, “casualmente”, a Consuelo Porras como las manos ideales para seguir sin la “molesta comisión”. La Fiscal General ya demostró que le importa poco lo que se piensa de ella, pero tampoco tanto como para romper con las ataduras que la desean convertir en la “Fiscal de la Impunidad”.
Hay quienes se han puesto de meta repetir, como letanía, que ya no es necesaria la presencia de la CICIG en Guatemala porque ya se aprendieron los mecanismos de trabajo, pero no es cierto, porque las fiscalías del Ministerio Público (MP) tienen a mucha gente entregada, pero a varias les falta equipo, material humano y más conocimiento técnico.
La única razón por la que no se quiere a la CICIG es porque vio para dónde no debía y eso es un pecado imperdonable para cualquier investigador, periodista o ciudadano en general que, según muchos, “deben entender que en Guatemala hay grupos intocables”. Todos debemos rendir cuentas ante la justicia sin importar el origen, posición o creencia.
Guatemala tiene un Sistema de Justicia cooptado hasta la médula por muchos factores (incluido al mal uso de facultades de derecho) y en lugar de centrarnos en atacar eso y componerlo, se optó por crucificar a los investigadores porque se estaba poniendo en evidencia los niveles de podredumbre y a los operadores del sistema.
Se opusieron a la reforma de la justicia sin presentar alternativa, lo que significa que querían seguir como estamos porque estiman que así pueden sacar ventaja, aunque les enojan jueces independientes, pero ya nunca volvieron a presentar opciones y entonces no hay que ser científico para saber que los que quieren a la CICIG fuera están cómodos con la operación de las Comisiones Paralelas y el papel de los diputados eligiendo jueces.
Algún día estaremos listos, pero todavía no es el momento de soltar la mano de la CICIG. Así lo dijo Baldetti en el 2015 porque sabía lo que venía, en lo que estaba metida y ahora lo mismo dicen muchos cuya desesperación los ha obligado a quitarse las caretas. Si la persecución penal en Guatemala depende solo de la actual voluntad de Consuelo Porras, “estamos fritos” como dicen comúnmente.
Le duela a quien le duela, necesitamos unos años más a la CICIG para seguir atacando estructuras mientras nosotros, los guatemaltecos, nos ponemos de acuerdo para hacer ajuste al sistema y así evitar que los negocios solo cambien de manos.
